La secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, quiso dejar ayer muy claro que si se demuestra que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández, y otros miembros de la anterior Ejecutiva, "son culpables que respondan ante la justicia". Castilla se refirió de esta manera al caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al ex tesorero de UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a trece empresarios "de confianza" que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación. Castilla, que recalcó que no opina de los autos judiciales y que el gabinete jurídico del sindicato está estudiando el sumario, se comprometió a tomar en breve las "medidas oportunas".

Preguntada por la posible implicación de los ex secretarios generales, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, en el denominado "canon revolucionario", la dirigente de UGT-A se limitó a decir que "si se demuestra que son culpables que respondan ante la justicia". No obstante, recordó una normativa andaluza del 23 octubre del 2009 sobre la regulación de subvenciones de formación profesional. "Ahí existe un apartado que dice que el hasta el 20 % de los costes directos y asociados que están definidos en la subvenciones son legales", explicó Castilla, por lo que "habría que ver a qué tipo de subvención se refiere el sumario y si podría absorber ese porcentaje".

La dirigente de UGT-A puso el acento en varias ocasiones en que si tuviera la información que consta en el sumario ofrecería más explicaciones y se ha comprometido a opinar sobre el mismo al sostener: "Yo soy muy transparente y quiero que todo esto se aclare lo antes posible". Interpelada por si el sindicato tiene previsto realizar una investigación interna a partir del contenido del sumario, Castilla recordó que la central ha tenido clausurado su archivo por orden judicial y que no ha podido acceder a la información que contiene. "El sumario me va indicar muchas cosas y vamos a comunicar las actuaciones que va a llevar a cabo el sindicato en breve, sin dilatarlas en el tiempo", avanzó Castilla.

La líder de los ugetistas andaluces admitió que su sindicato atraviesa una situación "delicada", como otras organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones. "Estamos casi a diario en las portadas de los periódicos pero sin ninguna condena. No existe todavía ninguna condena firme que diga que en UGT se ha cometido un delito y cuando lo haya, si lo hay, se tomarán medidas". Castilla reconoció también que cuando el sindicato decidió renovar la Ejecutiva hace unos seis meses "sabíamos que había un problema de credibilidad" por las publicaciones en los medios de comunicación.

Aún así, la secretaria general de UGT-A defendió la presunción de inocencia, al tiempo que rechazó que "se impongan estigmas" y confesó no haber mantenido ningún contacto con los ex secretarios generales. "Yo no tengo porque llamar a nadie. Tendrán que hacerlo los abogados", dijo Castilla, que insistió en que tanto los actuales dirigentes como los afiliados a la UGT-A son los "primeros interesados en que se aclare todo a los ciudadanos".

Por otra parte, el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, pidió celeridad en la actuación judicial y señaló que se estudiará la personación en el caso. "Se seguirá colaborando con la justicia en beneficio de la transparencia y la claridad", dijo el consejero, que insistió en que "nosotros no descartamos personarnos como acusación particular en nada que perjudique con claridad a los intereses de Andalucía".