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Economía

Calviño pone en duda la utilidad de una empresa pública de electricidad

Nadia Calviño

Nadia Calviño / Nacho Frade / EP

La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, puso en cuestión este martes la utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada en el precio de la electricidad, e instó a priorizar “aquellas medidas que son eficaces” y “aquellos ámbitos que puedan tener un impacto real y no otras ideas”, dijo, “que no son eficaces”.

Así lo manifestó en declaraciones a los medios de comunicación desde la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, tras ser preguntada por una propuesta defendida por sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, y valorada positivamente por la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, después. “Tenemos que centrarnos en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real, y no otras ideas que ya sabemos que no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que es un sistema energético con la energía más limpia y barata posible”.

Calviño defendió, por un lado, que el Gobierno trabaja hacia una transición ecológica, a partir de la introducción de energías renovables –”Las más limpias y baratas en este momento”– y que, ante el aumento de costes que afectan al precio de la electricidad, ya ha adoptado otras medidas con las que espera reducir la factura en un 15%.

Entre ellas, mencionó la bajada de impuestos –rebaja del 21% al 10% del IVA y suspensión del impuesto a la generación que pagan las eléctricas, temporales ambas–, de cargos que soporta la factura –a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad– y también “atajar los beneficios a energías ya amortizadas”.

Algunas de estas medidas, dijo Calviño, están “pendientes de la aprobación en el Parlamento” y espera que “sean aprobadas lo antes posible”. Tanto el citado fondo, como el mecanismo para rebajar los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ aún no han entrado en vigor.

Y es que el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, apostó finalmente por tramitar estas medidas como proyecto de ley, pese a la insistencia de Unidas Podemos de aprobarlas vía decreto. En el caso de la segunda norma, el Ejecutivo ha solicitado su tramitación por la vía de urgencia para acortar los plazos parlamentarios a la mitad.

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