Los planes de estímulo ante la crisis
El instrumento más eficaz para favorecer la conversión del ladrillo hacia las nuevas tecnologías es la formación
Las administraciones públicas realizaron durante 2009 un gran esfuerzo inversor para insuflar aire en la actividad económica. El más importante de todos fue el Fondo Estatal de Inversión Local, incluido dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, también conocido como Plan E. Con este fondo, dotado con un presupuesto total de 8.000 millones de euros, el Gobierno trató de favorecer inversiones que contribuyeran a dinamizar la actividad económica, incidiendo directamente en la creación de puestos de trabajo. El dinero se destinó a financiar inversiones en proyectos y obras municipales y de ejecución inmediata, con la característica de ser especialmente generadoras de empleo.
El Ministerio de Administraciones Públicas recibió 5.076 proyectos de todos los municipios andaluces para ser financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. El importe total de las iniciativas presentadas en Andalucía ascendió a 1.426,3 millones de euros. Según el Ministerio de Administraciones Públicas, estas inversiones generaron 56.639 empleos directos en la comunidad autónoma. Además, este plan fue ampliado con otro fondo de 5.000 millones de euros a nivel estatal orientados a programas que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Como complemento del Fondo Estatal de Inversión Local, el Gobierno andaluz lanzó el Programa de Transición al Empleo de la Junta (Proteja), orientado a absorber el excedente de mano de obra de la construcción. Esta iniciativa, dotada con un presupuesto de 300 millones de euros para obras y otros 60 millones de euros para formación, ha generado unos 16.100 empleos directos y otros 6.000 inducidos, según datos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo andaluz aprobó un total de 2.028 proyectos a cargo de este plan.
El instrumento más eficaz para favorecer la conversión del trabajador del ladrillo hacia las nuevas tecnologías es la formación. Bajo esa premisa la Junta de Andalucía diseñó otro estímulo complementario: el Plan de Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo (MEMTA). Dotado con 102 millones de euros, este plan generó 10.260 contratos formalizados y 117.432 firmantes de la carta de compromiso. Este documento garantiza el derecho a la empleabilidad y a percibir una especia de beca (entre 350 y 400 euros), mientras el demandante se compromete a mantener una actitud de búsqueda de empleo y a reciclarse para poder acceder a sectores con alta demanda de trabajadores. En materia de formación, 6.842 desempleados recibieron los cursos pasarela, de una media de 300 horas lectivas.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) fue otro de los instrumentos fundamentales para apoyar la actividad económica, abriendo líneas de financiación en un momento en el que el grifo del crédito estaba casi seco. El ICO comprometió unos 25.900 millones de euros en facilitar líneas de crédito a las pymes a través de las líneas ICO-pyme, ICO-emprendedores, ICO-Crecimiento Empresarial e ICO-Internacionalización. A ellos se agregaron otras partidas como el Plan Avanza de fomento del I+D, el Plan Vive para el automóvil, la línea de eficiencia energética o el Plan Renove para hoteles.
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía aportó casi 400 millones de euros en incentivos a las empresas. Reservó 114 millones de euros para apoyar el gasto corriente de las pymes innovadoras de reciente creación. Para las empresas en crisis, se destinaron otros 87 millones de euros, que fueron complementados con el Fondo Jeremie de capital riesgo financiado por la Unión Europea.
A estos fondos se suma el Plan 2000E, una de las iniciativas más exitosas ya que permitió mitigar el desplome de las ventas de vehículos, mediante la aportación de hasta 2.000 euros para la compra de un coche. Lanzado en la primavera de 2009, los fondos se agotaron antes de noviembre, lo que llevó al Gobierno a anunciar una prórroga para el año 2010. En Andalucía, el Plan 2000E otorgó más de 40 millones de euros en ayudas, de los que la mitad fueron aportados por el Estado y el Gobierno andaluz, y la otra mitad por los fabricantes.
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