“El procedimiento legislativo de la amnistía es un fraude de ley”

Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional, doctora honoris causa por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, experta del Programa de Asistencia Jurídica para los Países del Este del Consejo de Europa –y más méritos que constituyen un admirable currículum-, acaba de publicar el ensayo En defensa de la Transición (editorial Almuzara). Un texto que refuta ese discurso recurrente –interesado y falaz- que cuestiona los aciertos de la Transición, el valor de los consensos del 78 y la legitimidad democrática de nuestro sistema.

-El eje que construye este libro es el siguiente: desde hace aproximadamente una década han surgido partidos políticos cuyo propósito es deteriorar el consenso que hizo posible la Transición y la Constitución del 78. Más allá de sus argumentos, ¿qué cree que buscan estos partidos al defender este discurso?

-El problema no está tanto en que hayan surgido estos discursos, sino en que otros hayan comprado el relato. Hablo de un sector importante del PSOE. El PSOE es un partido que ha comprado los argumentos de este revisionismo, lleno de mentiras.

-Son muchos los elogios que usted dedica a la Constitución del 78. Alfonso Guerra, en el prólogo, escribe que es el primer texto constitucional que no se hace contra una parte de los españoles.

-Así es. Nuestra historia constitucional moderna parte de la Constitución de Cádiz, de 1812, o también del Estatuto de Bayona, si nos ponemos exquisitos –aunque este texto no cumple con algunos de los requisitos de lo que supone una Constitución moderna-. Desde la Constitución de 1812 hasta la de la II República fueron constituciones aprobadas por una mayoría exigua. Es decir, por una mayoría absoluta de la cámara, pero con la otra mitad en contra. Así nos fue. En España tenemos una historia constitucional desgraciada. Poco estable. Cada vez que cambiaba el grupo político mayoritario, se hacía una Constitución a su medida. Esto se rompe, y muy conscientemente, con la Constitución de 1978.

-Hay quien asegura que nuestra democracia es herencia del régimen franquista. Que en la Transición no hubo ruptura.

-Cuando estábamos en el tardofranquismo la discusión estaba entre reforma o ruptura. Lo que finalmente triunfó fue el pacto entre ambas opciones. ¿Por qué triunfa ese pacto? Porque es algo que se venía trabajando desde que en 1956 el Partido Comunista lanza la reconciliación y tiene sus contactos con el grupo de don Juan; por otra parte, sucede lo del Contubernio de Múnich, los socialistas crean sus redes de influencia, se crea la Platajunta –donde converge desde la oposición más radical hasta sectores vinculados a Adolfo Suárez-. En la Transición hubo una ruptura, pero con elementos de la reforma. Esa es la clave del éxito de nuestro sistema constitucional.

-En los últimos años también hemos leído insinuaciones sobre el poder judicial. Acusan a los jueces de actuar en virtud de criterios políticos o ideológicos.

-Esto es lo típico de los populismos. Hablamos de partidos que quieren saltarse el modelo constitucional que tenemos hoy. Los jueces estorban a la hora de saltarse ese modelo. Está clarísimo. Nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que marca los límites y tenemos un sistema judicial que aplica las normas. A esos sectores populistas no les interesan las normas. Porque parten de la idea de que hay que hacer lo que el pueblo quiere. Si el pueblo quiere una cosa, da igual lo que diga la ley. Lo que ha de prevalecer, según estos partidos, es lo que diga el pueblo. Este criterio rompe con el modelo democrático que triunfa tras la Segunda Guerra Mundial.

-En su libro no obstante señala una posible mejor elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Percibe una notable influencia de los partidos políticos.

-Por supuesto. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar en nuestro sistema constitucional. Pero sin romperlo. Lo que se tiene que hacer con las constituciones, que tienen voluntad de permanencia, es adecuarlas a los tiempos. Eso hay que hacerlo siguiendo los procedimientos que ellas marcan. Con debates profundos entre la clase política y también entre la ciudadanía.

Acaba de salir ahora, en el pacto que se ha hecho alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el propósito de frenar lo que llamamos las puertas giratorias entre la judicatura y la política. Es decir: que no se pueda nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional a una persona que está trabajando en el ámbito del Gobierno. Esto es algo que los estándares europeos exigen. Para evitar las contaminaciones de la política en la judicatura.

-Califica de “fraude de ley” el procedimiento legislativo de la ley de amnistía.

-Absolutamente. El Gobierno, cuando redacta la ley, está en funciones. Para que esta ley de amnistía se tramitara lo más rápido posible se opta por el procedimiento de proposición de ley, en lugar del de proyecto de ley, que requiere de los dictámenes técnicos de órganos cualificados, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, como digo, presenta la ley de amnistía como una proposición de ley, que se entiende que emana del Parlamento –cuando sabemos que no emanó del Parlamento-. Todo ello se hizo para evitar informes técnicos que cuestionaran la ley de amnistía. Se podría haber presentado una proposición de ley que estuviese acompañada de dictámenes de órganos cualificados, pero no fue así. En resumen: la ley de amnistía tendría que haber sido un proyecto de ley o bien una proposición de ley avalada por informes técnicos. Pero no fue ni lo uno ni lo otro. Por lo que considero un fraude de ley el procedimiento legislativo de la ley de amnistía.

-En este libro también explica, de forma muy didáctica, por qué no se podría admitir el derecho de autodeterminación en Cataluña.

-La carta de Naciones Unidas reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero para que ese derecho pueda ser ejercido hay que seguir las resoluciones de la Asamblea Nacional y del Consejo de Seguridad, que marcan los procedimientos. La autodeterminación está pensada para los pueblos coloniales. Y Cataluña no es una colonia de España.

-¿Cuáles han sido los errores más graves de Pedro Sánchez en estos seis años como Presidente del Gobierno?

-Empecinarse en el modelo schmittiano. Es decir: crear coaliciones mínimas, que con un número pírrico de votos quieren imponer un modelo a la sociedad. Un error grave de Pedro Sánchez ha sido pactar con aquellos que quieren destruir el sistema, en lugar de volver a la centralidad.