Desmontando la calle

Los autos redactados esta semana por la juez Carmen Lamela para encarcelar a los ex consejeros de la Generalitat así como para detener a sus dirigentes huidos, incluido el presidente Carles Puigdemont, comienzan a definir otro relato sobre el procés. Ya no se trataría de un Parlamento y un Gobierno que se declaran independientes de acuerdo con una voluntad popular que se expresa en las urnas y en las calles, con manifestaciones masivas, pacíficas y ciudadanas, sino de un grupo de conjurados que arrastran a mucha gente hacia una estrategia previamente diseñada para generar un conflicto que conllevase a una inestabilidad política y económica. De ese conflicto, surgiría la necesidad del Estado de negociar (un referéndum de autodeterminación) o de reprimir. Para las dos opciones, este grupo tendría preparadas las respuestas. Las palabras "conflicto", "inestabilidad" y "determinación" no son acuñadas por la juez, no son fruto de su interpretación, sino que vienen recogidas en la piedra roseta del procés, que es el informe Enfocats que la Guardia Civil halló en el domicilio de Josep Maria Llové, colaborador director del vicepresidente Oriol Junqueras. Era su secretario general en Vicepresidencia, el cerebro del proceso que recreaba la estrategia en cuadros, diagramas y líneas de flujos que tanto gustan en las escuelas de negocio.

Ahora serán unos tribunales, o un tribunal si el Supremo arrastra todas las causas, quienes dictaminen si todos estos hechos, más los que se vayan sumando como consecuencia de varias investigaciones, constituyen una rebelión, una conspiración para la rebelión o una sedición, pero lo que parece claro es que la insurrección que estalló en Cataluña en los meses de septiembre y octubre no es sólo una desobediencia institucional hacia las normas dictadas por el Tribunal Constitucional, apoyada por la calle y la ciudadanía catalana.

La juez Carmen Lamela aún no se ha referido en sus escritos a un organismo de acuñación periodística, el Estado Mayor, que sería el ejecutor de la estrategia mediante la toma de decisiones casi diarias. Esta cúpula, dirección o pinyol en catalán existía. Cuando se trataba de tomar decisiones, se reunían el presidente Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras más los portavoces parlamentarios y líderes de ERC y PDeCAT. Hasta aquí, algo normal, pero a ellos siempre se sumaban, y siempre es siempre, los líderes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y de Òmnium Cultural. En su día fueron los llamados Jordis: Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Y cuando fueron encarcelados, Agustín Alcoberro y Marcel Mauri. Entre el Gobierno, el Parlamento y la ANC y Òmnium hay plena comunión, no se tratan de agregados, sino de entrelazados.

Mauri, por ejemplo, fue hasta ese momento un asesor contratado por Junqueras en su Consejería de Economía. Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, lo fue antes de la ANC. El consejero de Interior, Joaquín Forn, y la de Educación, Mercedes Ponsatí, son miembros de la ANC. Otros tres consejeros, Raúl Romeva, Mertixell Borras, y Jordi Turull, son activos militantes de Òmnium.

Así que tenemos al Estado Mayor con sus políticos y sus líderes de masas, una metáfora periodística que, sin embargo, se recoge en los papeles de Enfocats. El organigrama del "consejo ejecutivo" que Jové dibuja está formado por el presidente, el vicepresidente, los líderes de ANC y Òmnium, más el mayor y el intendente de los Mossos de Escuadra. Entre la reducción periodística y el escrito del cerebro del procés hay diferencias, muchas, pero coinciden en que hubo un grupo que aplicaba una estrategia consensuada para lograr la independencia de Cataluña. Y el periodista añade: por las buenas, mediante una negociación con el Estado, o por las malas, en un crisol internacional, como consecuencia de la claudicación estatal provocada por su represión violenta o por la determinación de las masas en la calle.

Ese Estado Mayor, al menos en su versión periodística, contaba con otras personas y su composición era más o menos flexible, aunque siempre hubo un pinyol, que son los citados más Artur Mas. Hay dos empresarios soberanistas, Oriol Soler y Xavier Vinyals, más Xavier Vendrell, ex secretario general de ERC. Oriol Soler asistió a la cena de Pablo Iglesias y Oriol Junqueras que le organizó en su casa el empresario de la comunicación Jaume Roures días después de los atentados de Barcelona y Cambrils. Vendrell, ex líder de ERC, confesó en su día ante la Audiencia Nacional haber participado en dos atentados en nombre de Terra Lliure como fase previa del proceso que llevó a la desaparición de este grupo terrorista. En un mitin celebrado en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el pasado 8 de septiembre, Vendrell advirtió en referencia al PSC: "Id con cuidado, estamos en un momento histórico y nos acordaremos del papel de cada uno".

Aunque no cita a Vendrell y a su inquietante advertencia, los autos de la juez Carmen Lamela sí recogen algunos hechos ocurridos en ese mitin. Fue organizado por la ANC y allí estuvo Puigdemont. Días antes el presidente de la Generalitat había solicitado, por carta, a los alcaldes catalanes que pusiesen las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre y, ante el rechazo de algunos, básicamente los del PSC, dijo: "Miradles a los ojos, no os pueden negar el voto, para eso le pagáis y tienen que responder".

Lo que viene sosteniendo la juez Carmen Lamela es que esta advertencia permanente de responder con la calle, con protestas masivas de rechazo ciudadanos por muy pacíficas que sean, constituyen una amenaza en sí, una amenaza que a veces tuvo expresiones más contundentes como los escraches a los alojamientos donde se quedaban los policías y guardias civiles desplazados a Cataluña y el bloqueo al que sometieron al equipo judicial que registró la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre. La autoría al rechazo en los puertos a los barcos que iban a alojar a otros agentes fue reclamada por el propio consejero de Transportes en un tuit citado por la juez, lo que, según ella, constituye una llamada de desobediencia a una autoridad que iba a restablecer el orden constitucional.

La presencia de la ANC es constante en todas las respuestas en la calle. A diferencia de Òmnium, que es una asociación veterana de la cultura catalana, la ANC se fundó en 2011 para promover la independencia de Cataluña. A esta organización se le encarga la celebración de las manifestaciones masivas de las Diadas y es la que recrea en Cataluña la marcha por la independencia de algunos países bálticos: una cadena humana que se extendió por toda la comunidad, desde el Ebro al Pirineo.

La organización es magnífica. Pongamos por caso los dos días en que se proclamó la república catalana en el Parlamento (la primera fue suspendida a los ocho segundos). La ANC y Omnium, por medio de una web común llamada Crida Democracia o a través de sus propias delegaciones, llamó a los catalanes a celebrar la proclamación junto al parque de la Ciudadela, donde se encuentra la Cámara. Allí se despliegan voluntarios de estas organizaciones con petos verdes que se definen como servicio de orden, dan indicaciones, resuelven dudas y se supone que tienen cuidado de que la concentración no derive hacia situaciones violentas. Otros operarios levantan escenarios, porque en algunas concentraciones hay actuaciones musicales, y colocan enormes pantallas de televisión para seguir la sesión parlamentaria. Cuando ésta acaba se invita a los participantes a acudir a la plaza de Sant Jaume, donde se celebra la fiesta de la independencia.

Organizar protestas masivas, concentraciones, performances y otras expresiones de una libertad garantizada como un derecho fundamental no es delito, ni siquiera si el objetivo perseguido no cabe dentro de la ley en esos momentos, pero algo distinto es utilizar este movimiento como un instrumento para desestabilizar a un régimen político en un intento de alterarlo. Eso es lo que la juez Carmen Lamela intuye y lo que otros tribunales, como el Supremo, deberán investigar y juzgar en los próximos meses.