El Gobierno ha obviado la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar a sus consejeros, que llevan más de mil días con el mandato caducado: "¡Basta ya de excusas!", ha exclamado la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez,

Frente las la palabras de Casado, ofreciendo una reunión "inmediata" con Pedro Sánchez para pactar la reforma del sistema de elección, la ministra ha querido ser "rotunda" y desdeñar la oferta, subrayando la necesidad de cumplir con la previsión constitucional.

"Basta ya de excusas --ha replicado--. No hay excusas que valgan para tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días. No hay excusas".

Preguntada cuál será el siguiente paso del Gobierno, además de expresar indignación, la ministra ha insistido en que "no caben excusas" ya que se trata del "cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación".

Sólo hay un culpable: el PP

Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo y ha insistido en culpar sólo al PP de la situación porque "este bloqueo no es anónimo" y "sólo hay un partido que se está bloqueando la negociación".

Ni siquiera ve opción a que el presidente Sánchez llame a Pablo Casado ara tratar de reconducir el tena: "Nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados, y Casado también", ha señalado, recordando que el PP también ha estado en el Gobierno.

"El Gobierno reitera que no hay excusas, que hay que cumplir la ley y que este bloqueo es insostenible", ha remarcado, haciendo un llamamiento a "no permitir estos comportamientos que se saltan a la torera los mandatos constitucionales".

Por ultimo, y al ser preguntado por la palabras del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuestionando los argumentos del gobierno para conceder a los presos del procés, la ministra de política Territorial ha afirmado que el Gobierno respeta todas las opiniones, pero que en España hay una separación de poderes