La pandemia ha paralizado uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo Estado social y democrático de derecho que es el poder judicial. La catedrática de Derecho Civil Laura Esther Vilalta asegura que la resistencia que han ofrecido algunos a esa necesaria transición hacia la digitalización de la Justicia obliga ahora a actuar con precipitación para colocar parches que minimicen la desprotección.

El acceso a la Justicia es un principio básico reconocido por Naciones Unidas y un derecho fundamental recogido en la Carta de Derechos de la Unión Europea por lo que sin acceso a la justicia las personas no pueden ejercer sus derechos.

Un reciente informe de la Comisión Europea subraya que el primer factor constatado para la mejora de la calidad de un sistema judicial en términos de eficiencia es la modernización de los medios informáticos.

Laura Esther Vilalta informa de los principales problemas recogidos en un estudio realizado por el Departamento de Política del Parlamento Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales:

-Organización desfasada del sistema judicial, carente de recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos, con cobertura geográfica insuficiente y/o descoordinada.

-Obstáculos legales y procedimentales como formalismos procesales excesivos, normas rígidas en materia de notificación, plazos, legitimación y admisibilidad.

El Covid-19 ha roto muchos prejuicios tras haber podido constatar en algunos países la viabilidad de celebrar juicios en línea, audiencias públicas y declaraciones por videoconferencia, acompañados de gestión procesal remota, por lo que Laura Esther Vilalta plantea si todavía tiene sentido estar presentes todos en un lugar para resolver los problemas.