Bolaños recuperará la macrocausa de las transferencias de IDEA

La recusación del PP a la instructora

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la recusación planteada por el Partido Popular

La Juez María Núñez Bolaños, en la puerta de la Audiencia de Sevilla.
La Juez María Núñez Bolaños, en la puerta de la Audiencia de Sevilla. / Antonio Pizarro

La macrocausa de las transferencias de financiación recibidas por el IFA/IDEA volverá al juzgado de María Núñez Bolaños. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla en el que rechaza la recusación planteada por el PP contra la magistrada, en relación con el hecho de que una cuñada de la juez esté trabajando actualmente en la agencia pública como técnico, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

Mientras se resuelve la recusación, la instrucción había sido encomendada al juzgado de Instrucción número 10, que dirige la juez Pilar Ordóñez, quien recientemente ha dictado una providencia en la que da un plazo de 45 días a la Consejería de Economía y Hacienda para que le envíe una certificación de “todas las transferencia de financiación, de explotación o de capital y finalistas acordadas y realizadas por las distintas Consejerías de la Junta a IFA/IDEA”, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011.

En el escrito remitido ahora a la Audiencia, el fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto sostiene que no hay motivos para acordar la recusación que reclama el PP, al entender que no hay ningún interés directo o indirecto de Bolaños en esta causa, porque la cuñada de la instructora no tenía ninguna capacidad de resolución ni ejecutiva para intervenir en las subvenciones objeto de la investigación, por lo que la instrucción debe continuar en manos de María Núñez Bolaños, a juicio del Ministerio Público.

Las mismas fuentes apuntaron que, tras el informe del fiscal, lo normal es que la Audiencia de Sevilla rechace la recusación de la titular del juzgado de Instrucción número 6, a la que retornaría una causa que abrió el que fuera juez de refuerzo del juzgado de las macrocausas Álvaro Martín, a instancias de otro fiscal delegado de Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra, quien fue el que solicitó que se dedujera testimonio de la causa de los ERE para investigar el uso de todas las transferencias recibidas por la agencia IDEA.

En cualquier caso, el devenir de esta macrocausa dependerá también de lo que suceda con el actual juicio de los ERE, dado que si al final el tribunal entiende que no hay prevaricación y avala el uso de las transferencias para el pago de las ayudas de los ERE, la investigación de todas las transferencias realizadas por las distintas consejerías a IDEA no tendría sentido.

Durante la tramitación de la recusación del PP a Bolaños, la Audiencia reclamó a la agencia IDEA certificación de los puestos de trabajo desempeñados por la cuñada de la juez, María Guija, desde el año 2003 hasta la actualidad, y esa documentación ha acreditado que no tenía ninguna facultad ejecutiva en relación con los expedientes que se investigan.

El PP recusó a la juez porque consideraba que en este caso concurren las causas 10 y 1 de las contempladas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”, algo que sustentaba en un auto del 2 de octubre de 2017 en el que Bolaños impuso al PP una “fianza inadecuada, desproporcionada e inmotivada, impidiéndole ejercer la acción popular”.

Por su parte, la juez María Núñez Bolaños elaboró un informe en el que concluía que no tenía ningún “interés directo o indirecto” para tener que abandonar la instrucción de esta macrocausa por el simple hecho de que su cuñada esté trabajando actualmente en esta agencia pública como técnico, dado que su labor “no se puede relacionar con la posibilidad probable de que pueda tener relación con los hechos investigados, que se remontan a los años 2003 a 2010, ni de sus jefes actuales, a los cuales se trae a colación sin que le una a los mismos relación alguna”.

Bolaños reprochó al PP que quería "un juez a la carta"

La magistrada remitió en mayo pasado un informe a la Audiencia en el que reprochaba al PP que pretendía “la elección del juez a la carta” para instruir los procedimientos. Añadía la magistrada que su cuñada “no es parte en el procedimiento”, por lo que no concurre la causa de abstención y recusación, y rechazaba además que tenga interés en no traerla como investigada por un vínculo afectivo que la juez tilda de “inexistente”. "Aun teniendo serias dudas sobre la probabilidad de que la señora Guija sea llamada al proceso, no señala el Partido Popular una causa concreta y determinante de esa posible llamada más allá de la afirmación genérica de que trabaja en IDEA como técnico, lo cierto es que de ser llamada debería abstenerme por dos motivos: relación de parentesco por afinidad y enemistad manifiesta" (sic) y "no duden por un momento que sería la primera en abstenerme sin necesidad de que lo solicitara el Partido Popular", aseveraba Bolaños.

Según fuentes de la agencia IDEA consultadas por este periódico, María Guija, licenciada en Derecho, es una funcionaria de nivel técnico inferior, que realiza funciones administrativas o de secretaria, y además su labor en ningún momento ha tenido "nada que ver" con la gestión de las transferencias de financiación, sino con el seguimiento de los fondos propios de la agencia, realizando una labor "meramente administrativa y sin capacidad de resolución".

Así, señalan que María Guija se ha encargado del control y seguimiento de las subvenciones concedidas por IDEA, es decir, una vez justificadas las ayudas por el beneficiario, como técnico de la agencia se encargaría de analizar dicha justificación es correcta o si hay que solicitar el reintegro de parte de la misma.

Una macrocausa abierta por el juez que procesó a Chaves y Griñán

La investigación en la que se ha planteado la recusación fue abierta en mayo de 2016 por el entonces juez de refuerzo Álvaro Martín, quien coincidiendo con el cierre de la investigación del denominado "procedimiento específico" de los ERE -en el que están siendo enjuiciados actualmente los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos- decidió abrir esta otra macrocausa, al dictar una providencia en la que ordenó deducir testimonio para investigar todas las transferencias de financiación que haya podido recibir el IFA-IDEA procedentes de las Consejerías de Empleo o Innovación de la Junta que procedan de un programa distinto a la polémica partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y que tuvieron un destino "distinto al legalmente previsto".

La decisión del juez Álvaro Martín significaba en la práctica abrir otra macrocausa en la que se investigarán todas las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA en el periodo 2003-2007, y la petición de abrir esta investigación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, en concreto, por el fiscal Manuel Fernández Guerra.

Anticorrupción señaló entonces que de la documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) relativa a las memorias de control financiero permanente, los informes de control financiero, y los informes trimestrales de seguimiento de IDEA desde 2005, se desprende que "la agencia ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".

Tras la marcha del juez de refuerzo, María Núñez Bolaños asumió esta investigación y, al igual que hizo en otras macrocausas, decidió imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en esta causa. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla anuló en septiembre pasado esa fianza y requirió a la juez para que dictara un nuevo auto donde "justifique la razón de la imposición" de esta caución "que no ha venido exigiendo en otros supuestos". La juez motivó ese auto, confirmando la fianza, y el PP volvió a recurrir en apelación ante la Audiencia de Sevilla.

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