Las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente- han instado al Gobierno a que se lleven a cabo las reformas necesarias para que se agilicen los trámites judiciales sin merma de los derechos de los ciudadanos una vez que termine el estado de alarma. Estas organizaciones piden también que se incrementen los medios personales y materiales de la Administración de justicia.

Igualmente ponen de manifiesto su predisposición para que, en coordinación con operadores jurídicos y demás personal al servicio de la Administración de justicia, se adopten las medidas necesarias para recuperar el tiempo de paralización de los juzgados y tribunales.

Las organizaciones de jueces comentan que "la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 ha puesto al límite el servicio público de salud y a los profesionales que trabajan en él" pero añaden que "una vez superada esta crisis se deberán afrontar los graves problemas políticos, económicos y sociales derivados de la parada casi total de la actividad del país".

"En nuestra Administración de Justicia la declaración del estado de alarma ha supuesto la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales salvo en los supuestos de servicios esenciales fijados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", recuerdan.

Añaden que entre las consecuencias derivadas de la propia emergencia sanitaria y del impacto económico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma se encuentra el más que previsible aumento de litigios en todas las jurisdicciones tras su levantamiento junto a la reanudación de la actividad judicial suspendida.

"La respuesta de la Administración de justicia, ya sobrecargada y con medios limitados por los recortes de los últimos años, se pondrá a prueba una vez más", advierten.

En cualquier caso las asociaciones judiciales se comprometen "a colaborar en el plan de choque liderado por el CGPJ de cara a la reanudación de la actividad judicial que atenúe los tiempos de espera y agilice la resolución de los conflictos planteados o que puedan plantearse".