Emerita, la empresa perdedora del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha presentado un escrito de acusación que excede las imputaciones y los cargos que la instructora ha fijado en el auto de procesamiento contra nueve investigados, solicitando penas de prisión. Frente al único delito de prevaricación que advierte la juez, una vez descartadas otras presuntas infracciones durante la extensa investigación que se ha prolongado durante más de seis años, la acusación particular que ejerce Emerita recoge, además de la prevaricación, otros cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociación ilegal.

Todo ello, a pesar de que en junio del pasado año, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla dictó otro auto en el que descartó la existencia de indicios de estos delitos, en una resolución que fue confirmada por la Audiencia de Sevilla.

El abogado de Emerita, Ramón Escudero, explica en su escrito de conclusiones provisionales –de 83 folios– que ha presentado un recurso de apelación contra el auto de la juez del pasado 8 de febrero, por el que se incoaba el procedimiento abreviado contra nueve investigados. En ese recurso, el letrado alega que “de acuerdo con la legislación procesal penal y una asentada y pacífica jurisprudencia, el referido auto no puede constreñir el proceso a un solo delito concreto, pudiendo las partes calificar los hechos como mejor entiendan que caben en los tipos penales”.

La juez y la Audiencia ya descartaron los delitos que ha vuelto a incluir Emerita

De ahí que, prosigue la acusación, su escrito de acusación no se ciña al “escueto delito de prevaricación”, sino que los hechos son constituvos de esos otros delitos mencionados. Además de ampliar los delitos, Emerita extiende los cargos a 16 acusados, al incluir a todos los miembros de la comisión técnica y al que fue secretario de la mesa de contratación. “También acusaremos en este escrito a estas personas, sin perjuicio de lo que la Audiencia Provincial de Sevilla pueda decidir y las consecuencias que ello tenga respecto de la situación de dichos imputados”, precisa.

A partir de ahí, la empresa perdedora del concurso construye su relato y solicita penas de hasta 16 años de cárcel y el pago de una multa de dos millones de euros para los que considera principales responsables de la supuesta adjudicación fraudulenta del concurso a Minorbis.

Esta es la pena que solicita para el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex secretario general de la Consejería de Innovación Vicente Fernández, y para la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio Coto. La acusación particular les atribuye a ambos un delito de cohecho, por el que pide cinco años y seis meses de prisión y multa de 6.300 euros; un delito de malversación de caules públicos por el que pide otros siete años de cárcel; un delito de tráfico de influencias, por el que solicita un año y nueve meses y multa de dos millones de euos; y un delito de negociación ilegal, por el que reclama otro año y nueve meses de cárcel y multa de 6.300 euros.

El delito de prevaricación, por el que la juez ha dictado el auto de procesamiento, sólo lo incluye Emerita como calificación alternativa al cohecho, por el que pide 14 años de inhabilitación.

Extiende los cargos a 16 investigados frente a los nueve que ha procesado la juez

Para los empresarios Isidro y López Magdaleno, responsables del grupo Magtel y dueños de Minorbis –que se presentó al concurso como integrante del consorcio Minorbis-Grupo México–, Emerita reclama una condena de 12 años y tres meses de prisión y multa de dos millones de euros por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Para los funcionarios y técnicos que participaron en la tramitación del concurso para la reapertura de la mina solicita igualmente distintas penas de prisión y multa.

La acusación sostiene que los empresarios actuaron “como conseguidores para, haciendo uso de los contactos en la Administración (especialmente Vicente Fernández), conseguir injustamente los recursos mineros a fin de entregárselos irregularmente a un tercero (Minera los Frailes) que no participó en el concurso”.

Frente a las acusaciones de Emerita, la Fiscalía de Sevilla ha remitido un nuevo informe al juzgado en el que vuelve a solicitar, por quinta vez, el archivo de la causa, al estimar que tras la “amplia y minuciosa” investigación desarrollada desde 2015 no se han hallado “indicios fundados y suficientes de la perpetración” del delito de prevaricación, ni de otros en relación con el proceso administrativo.