Caso Aznalcóllar

La Fiscalía descarta, por quinta vez, que haya delitos en el concurso de la mina de Aznalcóllar

  • El Ministerio Público subraya que todos los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación han negado que recibieran órdenes o instrucciones para favorecer a Minorbis.

Un monumento a los mineros en Aznalcóllar, que espera desde hace 6 años el reinicio de la explotación. Un monumento a los mineros en Aznalcóllar, que espera desde hace 6 años el reinicio de la explotación.

Un monumento a los mineros en Aznalcóllar, que espera desde hace 6 años el reinicio de la explotación. / Antonio Pizarro

Quinta petición de archivo de la Fiscalía de la causa de Aznalcóllar. El Ministerio Público ha emitido un nuevo informe al juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en el que vuelve a solicitar el archivo de la causa abierta por la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, al estimar que tras la "amplia y minuciosa" investigación desarrollada desde el año 2015 no se han hallado "indicios fundados y suficientes de la perpetración" del delito de prevaricación, ni de otros en relación con el proceso administrativo.

El nuevo informe de la Fiscalía se ha producido después de que la juez, en un auto dictado el pasado 9 de febrero, procesara por un delito de prevaricación al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y a otras ocho personas en esta investigación. Además del ex presidente de la SEPI -que era secretario general de la consejería de Innovación cuando se adjudicó el proyecto-, la causa se dirige contra los empresarios Isidro y López Magdaleno de Magtel, así como varios funcionarios y técnicos que participaron en la tramitación del concurso para la reapertura de la mina. Entre los investigados se encuentran la que fuera directora general de Industria Energía y Minas María José Asensio Coto, así como una letrada de la Junta y un interventor en la Consejería de Economía, entre otros.

Se trata de la quinta petición de archivo que realiza la Fiscalía de Sevilla, que recuerda en un escrito fechado el 15 de febrero que ya solicitó el sobreseimiento en diciembre de 2015, abril de 2019, junio de 2020 y diciembre de 2020, de esta causa, que fue reabierta en dos ocasiones por la magistrada de la Audiencia Mercedes Alaya. Ahora, el Ministerio Público insiste en que de las diligencias de investigación practicadas en estos más de cinco años de instrucción "no concurren" los elementos del delito por el que se ha acordado la transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado.

En primer lugar, la fiscal Ascensión Ocaña destaca que todos los investigados que pertenecen a la comisión técnica y a la mesa de contratación han declarado que no han recibido ni de Vicente Fernández, "ni de ningún superior jerárquico indicación, instrucción, orden, ni insinuación siquiera de cómo debían realizar su trabajo al tiempo de analizar, valorar y puntuar los proyectos que ferino sometidos a su consideración y evaluación", por los que Minorbis-Grupo México ganó el concurso frente a Emerita, la empresa perdedora y que ejerce la acusación particular.

En segundo lugar, la Fiscalía cita el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que concluyó que la actuación de los investigados en el proceso de concurso público fue "conforme a Derecho" y consideran que en todo casos se ha dado un "trato equiparable a una y otra licitadora sin quiebra del principio de igualdad, ni de legalidad, todo ello con arreglo a la interpretación predominante de la normativa aplicable".

El Ministerio Público recuerda asimismo la exhaustiva investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que realizó un pormenorizado estudio de miles de correos electrónicos, y "no halló en ellos datos de relevancia suficiente que permitan afirmar la existencia de conciertos o indicaciones para resolver en una determinada dirección el concurso o decantarlo en favor de una u otra licitadora", advierte la fiscal.

Otros informes, añade la Fiscalía, como el de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre los tratamientos de agua señalan "deficiencias en uno y en otro proyecto, susceptibles de corrección y sin que ello suponga que ni uno ni otro proyecto deba ser considerado inviable, como pretende la acusación particular respecto del proyecto Minorbis".

De la misma forma, la afirmación de la acusación particular de que el proyecto de Minorbis carece de la entidad y categoría técnicas suficientes como para afrontar el concurso y que no resulta equiparable al proyecto de Emerita, "queda desvirtuada no sólo por las apreciaciones que de ambos proyectos hicieron los miembros de la mesa y de la comisión, sino también por las declaraciones tomadas por la UCO a cada uno de los representantes de las empresa que tuvieron intervención en su elaboración".

Por último, el Ministerio Público considera que tampoco se ha acreditado la llamada de Vicente Fernández al representante de Emerita, después de que el empresario de Magtel le comentara que "tenía la llave del concurso" y le iban a llamar de la Junta. "Realmente esta llamada no se ha acreditado si se produjo o no, pues la compañía Vodafone informó de que no guardaban las llamadas más de seis meses. Tampoco niega Vicente Fernández haberla realizado, pues -dice- fueron varias las llamadas que realizó a Joaquín Merino con relación al concurso, que era entonces inminente. Y en la hipótesis de que fuese cierta la expresión, puede entenderse como un alarde de quien se ha sentido poco apreciado o atendido", argumenta la Fiscalía, que ha pedido al juzgado que encaro de que continúe el proceso el juzgado le conceda un nuevo traslado de las actuaciones para emitir su escrito de calificación, en el que, en congruencia, con las peticiones de archivo, solicitará la absolución de los investigados.

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