Se derrumba la tesis del cohecho en el caso Aznalcóllar que ordenó investigar la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya. Ni hubo ascensos ni tampoco compensaciones económicas o retributivas para los 13 funcionarios o técnicos que formaron parte de la comisión técnica y de la mesa de contratación que adjudicó el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a Minorbis, en detrimento de Emérita, la empresa perdedora. Eso es lo que ha constatado un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a instancias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que reabrió el caso tras ordenarlo la Audiencia.

El informe remitido por los investigadores al juzgado concluye que los únicos que obtuvieron puestos de "más relevancia" fueron el entonces secretario general de Innovación Vicente Fernández y la director general de Minas María José Asensio, que fueron nombrados interventor general de la Junta y viceconsejera, respectivamente, "ambos puestos políticos", precisan los investigadores, que añade que una funcionaria pasó de un nivel 22 a un nivel 25 en la Administración. Vicente Fernández fue nombrado posteriormente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), cargo del que dimitió tras conocerse la reapertura de la causa.

"El resto de las personas investigadas no obtuvieron puestos de trabajo que, en vistas del complemento de destino, supusieran un aumento significativo de sus retribuciones o en la relevancia del puesto de trabajo", añade el informe, lo que significa que no recibieron ningún tipo de dádiva o recompensa tras su participación en el concurso público.

Además, la Guardia Civil ha realizado una investigación de índole fiscal relativas a una serie de personas próximas al círculo personal de los investigados y una vez analizada por los investigadores, éstos han concluido igualmente que "no se ha podido determinar la existencia de ninguna compensación de tipo laboral o retributiva a las personas más próximas a los investigados en el presente procedimiento, dado que la información fiscal y tributaria analizada no ha arrojado ningún dato reseñable relacionado con las personas que componen dicho círculo personal".

Para la realización de este informe, la UCO ha recabado del gabinete jurídico de la Junta los diferentes cargos que han ostentado los investigados en la causa desde tres meses antes de la celebración de la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas en el recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras concluir el concurso.

Esta investigación fue ordenada por la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya cuando en octubre de 2019 ordenó reabrir por segunda vez la causa de la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar. En el auto, la Audiencia ordenaba a la juez que requiriera a la Junta de Andalucía para que informara sobre los "ascensos" que se hayan realizado a los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica del concurso. 

Sobre este último extremo, el auto cuya ponencia corresponde a Alaya, ponía de manifiesto que podría haber además indicios de un posible delito de cohecho en relación con la promoción de los funcionarios que integraron la mesa y la comisión porque esos ascensos "podrían considerarse recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".