El ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex secretario de Innovación de la Junta de Andalucía Vicente Fernández ha declarado este lunes a la juez que investiga las presuntas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar que la empresa Emerita tenía una escasa solvencia y en este sentido ha señalado que la propia Emérita, en otros procedimientos, reconoció que entre los años 2013 y 2015 "estaba incursa en causa de disolución".

En su declaración, el ex alto cargo de la Junta ha aludido también a las dificultades financieras de dicha empresa que, entre otras circunstancias, están motivando el retraso en Cantabria de la reapertura de la mina de zinc de Reocín.

Según ha explicado su abogado, Alfonso Martínez Escribano, el ex secretario general de Innovación  ha ido desgranando en su declaración los pasos que se dieron para la licitación de la mina. Uno de los más importantes llegó, a su juicio, en el verano de 2013 con el acuerdo unánime del Parlamento de Andalucía (PP, PSOE e IU-CA) para que se reabriese la mina de Aznalcóllar.

Es en sede parlamentaria donde se decidió que la reapertura estuviera precedida de un "concurso internacional para la selección del mejor explotador posible, garantizando la viabilidad y los parámetros medioambientales, tecnológicos y económicos, y preservando al máximo la selección de la empresa explotadora, atendiendo a los criterios de máxima transparencia del procedimiento, máxima concurrencia de las empresas interesadas y máxima solvencia de las mismas".

El ex alto cargo de la Junta de Andalucía ha reiterado su plena confianza y completo respaldo a la actuación de los funcionarios de la mesa del concurso y de su comisión técnica, negando que pudiera ejercerse sobre los mismos "cualquier clase de presión o injerencia". Fernández ha señalado que no impartió ninguna sugerencia para la composición de la mesa y la comisión técnica, y ha negado haber recibido dádivas, regalos, mejoras o un ascenso por su intermediación.

La defensa ha recordado cómo la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también señaló en el informe que remitió al juzgado que no se había detectado "ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del concurso para favorecer a una u otra empresa licitante".

Emérita planteó a la Junta hasta en cuatro ocasiones si podía concurrir con un "socio local"

Por último, el ex presidente de la SEPI ha negado cualquier clase de posible tráfico de influencias para favorecer a Minorbis o a Grupo México en el concurso. Por el contrario, ha recordado cómo era precisamente Emérita la empresa que de forma constante solicitaba de la Junta de Andalucía le "indicase el socio local" con el que tenía que concurrir para ganar el concurso, petición que se planteó de manera reiterada en al menos cuatro ocasiones y que "siempre" fue rechazada por los cargos de la Administración Autonómica.

Vicente Fernández ha rechazado contestar a las preguntas del letrado de Emerita, Ramón Escudero, y sólo ha respondido a las preguntas de la juez y de las defensas, dado que la Fiscalía no ha formulado ninguna cuestión.

En el interrogatorio se le ha preguntado por la reunión celebrada el 11 de abril de 2014 en la sede de Emerita para intentar fusionar ambos proyectos y en la que el responsable de Magtel Mario López Magdaleno afirmó que tenía "la llave del concurso" y para demostrárselo anunció una llamada que se produciría cinco minutos después desde la Consejería, registrándose efectivamente esa llamada por parte de Vicente Fernández al representante de Emerita, Joaquín Merino. Sobre esta cuestión, el abogado de la acusación, Ramón Escudero, ha dicho que Vicente Fernández ha dicho en una ocasión que era "posible" que hubiese realizado esa llamada y en otra ocasión ha contestado que no lo recuerda, aunque sí ha añadido que el investigado ha reconocido que ese tipo de llamadas era algo "habitual".

Según la defensa del ex secretario general, éste ha explicado a la juez que el 11 de abril se aprobaron los decretos del Gobierno central y de la Junta que ponían fin al conflicto de la mina -había un recurso de inconstitucionalidad y el concurso estaba suspendido-, por lo que Fernández "pudo llamar a todo el mundo que estaba interesado" en el concurso para informarles de que se había resuelto el conflicto, y es entonces cuando Merino le "vuelve a preguntar" lo que ya le había preguntado con anterioridad el 6 de abril y que reiteraría en mayo, en el sentido de si les "convendría ir al concurso con un socio local", una pregunta que Emerita habría planteado al menos en cuatro ocasiones.

Fernandez ha insistido en que Merino no paraba de preguntarle "si tenía que ir con un socio local obligatoriamente" y él le respondía "como siempre, que no era nadie para indicarle con quién tenía que presentarse", dado que sería "algo impropio e incierto y no responde a nuestra práctica".

No hubo trato de favor a Magtel

El ex presidente de la Sepi ha negado igualmente que Magtel tuviera un trato de favor y así ha explicado que en Sandetel (Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones), sociedad que también presidía, a esta empresa no se le concedió en diciembre de 2014 ninguno de los 11,5 millones de euros en expedientes de incentivos de telecomunicaciones para asesorar a Sandetel en la red corporativa.

El letrado de la acusación ha añadido que aunque Fernández ha negado haber mantenido cualquier contacto con los responsables de Magtel, esta empresa era la encargada de la red corporativa de telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, por lo que era una empresa "habitual" de la Administración autonómica.

Vicente Fernández ha dicho, a presuntas de la instructora que "jamás" ha coincidido con nadie de Magtel en Brasil ni hizo ninguna gestión para la empresa en este país sudamericano, y ha dicho en cuanto a que Magtel fuera al concurso sin experiencia minera, que tanto "Minorbis como Emerita eran sociedades recién constituidas".