La Fiscalía pedirá prisión para el guardia civil de la Manada

La Fiscalía de Navarra solicitó este jueves a la Sección Segunda de la Audiencia de esta comunidad que convoque una nueva vistilla, una comparecencia que establece el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que el pasado lunes intentó renovar el pasaporte, según informó la Fiscalía General del Estado.

La Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que "no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro". El Ministerio Público ha solicitado esta comparecencia tras recibir una comunicación oficial de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, en la que informaba del intento de obtener dicho documento por parte de este miembro de la Manada, que fue condenado junto a los otros cuatro a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales con prevalimiento.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado también a la Sala que deduzca testimonio del auto en el que se estableció la medida cautelar de no obtención de nuevo pasaporte y de la comunicación de la Policía informando oficialmente del hecho al juzgado de guardia de Sevilla, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.

Guerrero acudió el lunes a la oficina de la Policía Nacional en Tablada para sacarse el pasaporte. Había pedido cita previa a las once y media de la mañana. El equipo de expedición de la documentación le negó la posibilidad de obtener el pasaporte, que tiene retirado como medida cautelar y para impedir una posible fuga de España. Una hora después, sobre las doce y media, el guardia civil acudió en coche a los juzgados de Sevilla para firmar, como ha de hacer cada lunes, miércoles y viernes. Los cinco miembros de la Manada tienen que cumplir este requisito, así como no pisar la comunidad de Madrid.

El lunes era el primer día laborable que Guerrero se encontraba en libertad, ya que salió de la prisión de Alcalá Meco la tarde del viernes. El guardia civil intentó obtener el pasaporte, por tanto, nada más salir de la cárcel.

Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, explicó que es "falso" que su cliente haya ido a Comisaría a obtener su pasaporte "para salir del país", sino que tiene el documento caducado y ante la obligación impuesta por la Audiencia de entregarlo en los cuatros días siguientes a su puesta en libertad "ha ido a preguntar si se lo tenía que sacar o no". "Es absurdo pensar que es para salir del país, él no quiere problemas y ha ido por un exceso de celo", insistió el abogado defensor del agente del instituto armado condenado. En este sentido, anunció que va a presentar un escrito a los juzgados para que aclare cómo ha de proceder Antonio Manuel Guerrero en la entrega de su pasaporte, que actualmente tiene caducado.

La petición del Ministerio Público de solicitar una vista para que ingrese en prisión el guardia civil de la Manada coincide con el recurso de súplica que ha presentado la misma Fiscalía de Navarra contra el auto que acordó la libertad bajo fianza de 6.000 euros y en el que el fiscal pide que se prorrogue la situación de prisión de los cinco jóvenes sevillanos por otros dos años y medio, es decir, hasta que cumplan la mitad de la condena de nueve años impuesta por el tribunal.

En contra del criterio de la Sala, la Fiscalía entiende que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad reiteración delictiva. En cuanto al primero de estos elementos, la fiscal Elena Sarasate, sostiene que el riesgo de fuga no sólo no ha desaparecido sino que resulta "más notorio, ya que si bien es cierto que las penas impuestas han sido sensiblemente inferiores a las solicitadas, no es menos cierto que aún no siendo firme, sí pera ahora sobre ellos una condena de nueve años de prisión, es decir, una pena grave derivada de la comisión de un delito grave". Y así, insiste en que se está invocando una situación actual y concreta de la existencia de una condena de nueve años de prisión. "No invocamos una posibilidad, sino de momento, una realidad", asevera.

En cuanto a la reiteración delictiva, la Fiscalía recuerda que cuatro de los cinco acusados están siendo investigados por sendos delitos de abuso sexual y contra la intimidad ocurridos presuntamente en Pozoblanco (Córdoba), delitos que como mínimo llevan aparejadas penas de uno a tres años de prisión y de dos a cinco años, respectivamente, lo que "incrementa el riesgo de que traten de sustraerse a la acción de la Justicia".

Además, señala que por el momento hay indicios de que las conductas objeto de este procedimiento "no son un hecho aislado, sino que por el contrario ponen de manifiesto un riesgo concreto de reiteración delictiva", en alusión a la investigación de los abusos en la localidad cordobesa.