La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto celebrar a partir del lunes 13 de diciembre un juicio por fraude a la Seguridad Social con 23 acusados en el banquillo. Según la fiscalía, los dos principales acusados crearon una empresa "para simular relaciones laborales inexistentes y obtener los beneficios derivados de los diferentes sistemas de cotización de la Seguridad Social. De este modo, aprovechando que uno de ellos, graduado social, conocía las ayudas a empresas "con importantes reducciones de las cuotas a ingresar en la Seguridad Social por los contratos de trabajo para la formación", crearon otra empresa destinada a la enseñanza "a los solos efectos de ser utilizada como instrumento para una ficticia formación de los trabajadores contratados" por la sociedad creada en primer lugar. 

De este modo, certificaban y facturaba a la primera empresa cursos inexistentes. Al frente de la entidad creada para la formación colocó a otra de las acusadas como administradora única, según la Fiscalía. Tanto ella como su padre, también acusado y "hombre de paja" en otra de las sociedades creadas, colaboraron desde el primer momento con la Ucrif y el Juzgado para esclarecer los hechos. 

De las altas ficticias en el centro de formación se beneficiaron once de los acusados, que obtuvieron "ilícitas ayudas y prestaciones por un total de 40.594,35 euros del Servicio Público de Empleo Estatal". Otras cuatro acusadas "prestaron su consentimiento para el alta en la Seguridad Social a sabiendas de que no realizarían actividad alguna".

La Fiscalía imputa a los dos principales acusados un delito continuado contra la seguridad social, que también sostiene para otros tres investigados en concepto de cómplices. Solicita para los dos acusados principales la pena de 3 años de prisión y una multa de 81.188,7 euros y otros tres años de prisión y una multa de 184.820,55 euros. Para los tres cómplices solicita 1 año de prisión  una multa de 27.062.9 euros por un lado y un año de cárcel y 61.606,85 euros por otro. Para el resto de los acusados las penas van entre el año y los seis meses de prisión y una multa de 1.620 euros hasta los ocho meses de cárcel y los 1.440 euros.