La familia de Sandra Capitán, la joven asesinada en el triple crimen de Dos Hermanas junto a su hija de seis años y su marido, el turco Yilmaz Giraz, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que imponga a los tres miembros del clan del Pollino  dos penas de prisión permanente revisable y que incluya en esa condena a los dos secuestradores que solo fueron condenados por la Audiencia de Sevilla a tres y cuatro años de cárcel.

El abogado Juan de Dios Ramírez Sarrión, en un recurso al que tuvo acceso este periódico, solicita la nulidad del juicio ante un jurado popular y su repetición por la “parcialidad de las instrucciones dadas por el magistrado presidente al jurado”, las “deficiencias en el objeto del veredicto” y por “vulneración del principio de legalidad por vicios en el veredicto y falta de motivación”.

La familia de la víctima cree que la alevosía y ensañamiento están demostradas por la declaración de los forenses en el juicio y “la detallada descripción de la tremenda crueldad” con la que fueron tratadas Sandra Capitán y su hija.

Alega ante el TSJA que el magistrado presidente del jurado “cometió un error” al no aplicar esas agravantes junto con la edad de seis años de la niña, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita es de 2018 y “está superada“ por posteriores resoluciones que sí consideraron compatibles esas dos agravantes en la condena al hombre que arrojó a un bebé por la ventana en Vitoria y la del crimen de Pioz.

El abogado cree que debe aplicarse esa “pena hiper agravada” a Ricardo G.H., alias Pollino, su esposa y su padre, que en la Audiencia de Sevilla fueron condenados a 76 años y medio de cárcel (25 por cada asesinato y uno y medio por tenencia ilícita de armas).

En cuanto a la falta de motivación del veredicto del jurado, se refiere a “pronunciamientos contradictorios y errores manifiestos en la declaración de hechos no probados que si debieron serlo”, dice el abogado de la familia Capitán.

Así, afirma que “hay una clara contradicción en el veredicto, pues en el Hecho 11 se da por probado que los dos secuestradores conocidos como Tapita y Quino inmovilizaron al turco y le golpearon de forma reiterada, y en el Hecho 37 se declara como no probado que le dejasen “maniatado y reducido” antes de irse de la vivienda de la calle Cerro Blanco donde se produjeron los tres asesinatos en septiembre de 2017.

Por ello, pide que se les quite las atenuantes de confesión y de reparación del daño y sean condenados por el asesinato por dolo eventual del turco, de Sandra y de Lucía. Ambos debieron asumir el riesgo que suponía la “entrada de madre e hija en la vivienda, donde fueron introducidas de forma violenta” y tanto Tapita como Quino “reiteran en todas sus declaraciones su inquietud y su miedo por lo que pudiera acontecer”.

Niega que se pueda aplicar a Tapita la atenuante de reparación del daño al haber permitido descubrir la fosa donde estaban enterradas las víctimas. “¿Qué reparación puede existir en este cruel asesinato, qué reparación puede tener una persona que de manera cobarde abandonó a su suerte a una mujer y a una niña indefensa?” se pregunta.

Respecto de Joaquina H.J., madre del Pollino, la acusación recurre porque debería haber sido incluida al menos como posible autora de un delito de encubrimiento de las tres personas que no tenía relación familiar con ella.

“No cabe duda alguna de su presencia en el lugar de los crímenes en el momento del enterramiento de los cadáveres por su hijo”, afirma el recurso.

Finalmente, el abogado considera que hubo un error en la cuantificiación económica de la indemnización y considera más adecuada para la madre de Sandra  175.000 euros por el asesinato de su hija y 60.000 por su nieta (frente al total de 140.000 euros concedidos en la sentencia) y a las dos hermanas de Sandra 60.000 y 30.000 euros (ahora un total de 44.000 euros).