El sindicato de Trabajadores para la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado este martes la "catastrófica" implantación de la nueva aplicación informática de gestión procesal @adriano, que empezó a implantarse en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla el pasado mes de noviembre de 2022. Sin solventarse muchas de las incidencias y fallos, se implantó en enero pasado en los Juzgados de lo Social, y el mes de febrero comenzaron los cursos de formación a los funcionarios de la Sala de lo Contencioso-Administrativo “in situ” con la aplicación instalada ya en dicha Sala.

Los trabajadores de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo transmitieron la falta de operatividad de la nueva versión de la aplicación destinada a la tramitación informática de los procedimientos judiciales, así como las caídas continuas del sistema.

A las carencias de la aplicación, y la falta de capacidad del sistema para atender volúmenes de datos máximos, se une la falta de capacidad para abarcar una gran cantidad de usuarios simultáneos, por lo que, desde que se unieron a su uso los Juzgados de lo Social, se paraliza el sistema en la jurisdicción contencioso-administrativo todos los días, en torno a las 12 de la mañana. Ahora, con la incorporación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no sólo se ven afectados por la parálisis los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, sino también los Juzgados de lo Social, unos juzgados ya de por sí sobrecargados por el volumen de trabajo, denuncia STAJ.

Y todo ello, prosigue la organización sindical, induce a pensar que no se realizaron las pruebas previas necesarias de estrés, seguridad, rendimiento y operatividad de la aplicación antes de implantarla en los Juzgados. Es decir, las pruebas parece que se están realizando “en vivo y en directo” como prueba real, durante el desarrollo de la tramitación real de los procedimientos en la práctica judicial diaria.

Los usuarios finales de esta aplicación, es decir, los funcionarios de la Administración de Justicia afirman con rotundidad la "inoperatividad de la nueva aplicación, más lenta que la anterior, más farragoso el manejo que la anterior, menos intuitiva que la anterior, la búsqueda de información es más engorrosa; no se visibilizan, a simple vista en la pantalla, los documentos emitidos, sino que es necesario ir abriendo documento a documento, ventana a ventana, hasta llegar a la información que se necesita rescatar o comprobar; igualmente, algunos documentos que elaboran los trabajadores y trabajadoras que van enlazados a una resolución, no se visualizan, por lo que no es posible comprobar su ejecución".

STAJ dice que se desconoce con certeza si la empresa encargada del desarrollo del software tuvo en su equipo una persona experta en la “experiencia de usuario”, es decir, un funcionario o funcionaria como responsable de garantizar que la interfaz de la aplicación sea fácil de usar, entendible y operativa. En definitiva, una persona que represente a los usuarios principales de la aplicación que compruebe, antes de implantar la aplicación, que ésta se ajusta en la práctica a las necesidades del usuario final en su manejo diario.

En el desarrollo del software y en la práctica diaria del diseño de las aplicaciones es vital que un “usuario final experto” esté formando parte del equipo en el día a día del desarrollo de la herramienta informática. Muchas empresas de desarrollo de software, utilizan un enfoque de “caja negra” para las pruebas de seguridad, lo que permite a los expertos, sin conocimiento del software, probar la aplicación en busca de agujeros, fallos, exploit y debilidades.

Desde STAJ vuelven a denunciar la "temeraria implantación y la falta de predisposición por parte de la Administración para retirar la aplicación o paralizar su expansión al resto de jurisdicciones". Por ello, advierten del "peligro de parálisis de los juzgados si se continúa con el cronograma de implantación que tiene prevista la Consejería de Justicia, sin atender a las carencias de la aplicación, que no se ajustan a las necesidades reales de la tramitación de los procedimientos judiciales en la práctica".