Los largos periodos de convivencia son una dura prueba para las parejas. La vuelta de las vacaciones de verano es una época donde más separaciones comienzan y los expertos en Derecho de Familia auguraban que ocurriría un efecto similar después del confinamiento. De hecho, tras el descenso histórico registrado durante 2020 por la pandemia, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial han constatado el efecto rebote. Las demandas de disolución matrimonial aumentaron un 53,5 % en el segundo trimestre de 2021. Ahora bien, en líneas generales, estas disoluciones han descendido con respecto a los datos de 2019, previos a la crisis sanitaria. 

Según los datos recogidos por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas entre marzo y junio de este año en Andalucía fue de 5.095, un 53,52 % más que en el mismo periodo de 2020. Puesta en relación con el total de demandas de este tipo presentadas durante el segundo trimestre de 2019 (5.448), la cifra muestra un descenso del 6,5%. En números absolutos, las provincias andaluzas con mayor número de disoluciones matrimoniales fueron Sevilla y Málaga, con 1.121 y 1.055 respectivamente. Le siguen Cádiz (802), Granada (606), Córdoba (424) y Almería (385). Y en las que menos disoluciones matrimoniales hubo fue en Huelva, con 363, y Jaén, con 339.

 La abogada de familia y vicepresidenta de Aeafa, María Pérez Galván destaca que pasados los meses en los que los juzgados estuvieron cerrados, se suspendieron los juicios señalados y no se pudieron tramitar casos nuevos, "quedan todavía casos pendientes de resolver lo que, unido al incremento de los nuevos, hace que haya un importante retraso en temas tan delicados como son los de derecho de familia".

En esta situación, "cuando no hemos llegado a un acuerdo, pese al intento que hacemos los abogados especialistas, y hay que ir al contencioso, la familia sufre durante todos esos meses de espera un desgaste importante y los niños suelen ser las víctimas del no acuerdo", advierte la letrada.

Si bien es verdad que hubo parejas que salieron reforzadas del confinamiento, "los que ya estaban mal, la convivencia no deseada ha sido el detonante para precipitar el divorcio y decidir a ir al abogado". María Pérez Galván recuerda la necesidad de regular estos procedimientos en las parejas no casadas. "Al igual que en un divorcio, es necesario regular la patria potestad y la custodia de los hijos menores, el uso de la vivienda familiar, la pensión de alimentos, etc. Cada vez vemos que hay menos matrimonios pero más parejas que conviven, se compran o alquilan una vivienda, tienen hijos, se endeudan etc, y, llegada la crisis, tienen que regularlo lo que también se tramita en los juzgados de familia".

María Pérez Galván considera que es necesario que se creen los juzgados provinciales de familia "para que no haya discriminación y, que los ciudadanos de los pueblos tengan, al igual que en las capitales de provincia tenemos jueces, fiscales, equipos psicosociales, puntos de encuentro y personal especializado".