Determinados colectivos como Colegios de Médicos o Enfermeros, sindicatos o partidos políticos, entre otros, han anunciado la presentación de recursos en los tribunales ante actuaciones del Gobierno durante el estado de alarma. Por ahora, el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por un particular por posible vulneración de derechos fundamentales por el estado de alarma. No obstante, esta persana también había presentado un recurso con la orden que desarrolla las condicionas fijadas para los desplazamientos de los niños durante el confinamiento, que ha sido admitida.

Según la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la razón de no admitir el recurso presentado por un particular contra el Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma, así como sus prórrogas sucesivas ha sido "por falta de jurisdicción" al entender que el Real Decreto tiene un valor normativo equiparable a ley y norma con fuerza de ley, cuyo control corresponde al Tribunal Constitucional.

En su auto la Sala acuerda también tener por interpuesto el recurso presentado por esta misma persona contra la Orden ministerial que regulaba las condiciones para los desplazamientos de los niños durante la situación de crisis. La sala igualmente rechaza las cautelarísimas planteadas en este recurso y ordena que se prosiga la tramitación del incidente como cautelar, dándose traslado a las partes para que presenten sus alegaciones.

En su escrito, el recurrente se quejaba de que el estado de alarma, y concretamente su artículo 7 que suspende la libre circulación de las personas, vulneraba derechos fundamentales contemplados en la Constitución.

En línea con el Abogado del Estado y la Fiscalía, la Sala argumenta que no tiene jurisdicción sobre impugnación directa de los reales decretos de declaración del estado de alarma y de sus prórrogas. La Sala incluye la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia para concluir que el Decreto recurrido y sus prórrogas "son disposiciones de un valor normativo equiparable, por su contenido y efectos, al de las leyes y normas con fuerza de ley, cuyo control corresponde al Tribunal Constitucional por los mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes y no a esta Sala".

El Tribunal recuerda que, en este caso, a diferencia de los anteriores, se trata de un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales "en el que el test de constitucionalidad a aplicar debe ser un canon reforzado, en cuanto no solo entra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva derivada de una decisión de inadmisión sino también los derechos fundamentales sustantivos invocados en este recurso".

El auto, ponencia del magistrado Jorge Rodríguez Zapata, sí admite el recurso que este particular presentó también contra la Orden SND 370/2020 que desarrolla las condiciones fijadas para los desplazamientos de los niños durante esta situación de crisis.

La Sala indica que si resultase la existencia de contradicción de esas disposiciones normativas con la Constitución "esta Sala o el órgano competente en cada caso promovería cuestión de inconstitucionalidad, como indica de forma expresa la doctrina constitucional". La Sala rechaza las cautelarísimas solicitadas en este recurso porque descarta la urgencia invocada para resolver sin oír a las partes.

Otros dos recursos

En otro auto, la Sección Cuarta rechaza tambien las cautelarísimas solicitadas en otro recurso por la Asociacion de Abogados Cristianos contra la Orden ministerial que incluía como actividad esencial la de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid 19. El tribunal ordena que prosiga la tramitación como medida cautelar, dando traslado a las partes para alegaciones.

Del mismo modo, rechaza las cautelarísimas planteadas por dos particulares en otro recurso contra la Orden que autoriza a los equipos NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencia a utilizar determinados biocidas autorizados en labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria por el coronavirus. La Sala acuerda la apertura de una pieza separada para su tramitación como medida cautelar.