Silvio C. y Mihăiță R., los dos acusados de amenazar con "darle un tiro" al dueño de un bar de Morón, Francisco A., a quien consideraban responsable del ataque sufrido días antes por el primero de ellos, han negado haber amedrentado al denunciante mientras le enseñaban un arma. Es más, el propio Francisco A., que ha declarado como testigo, ha explicado que en ningún momento vio una pistola, sino una funda. Tampoco se reconocieron en el audio que se reprodujo durante la vista oral y que había sido grabado por el propio denunciante. 

Según Silvio C., que se definió como "un chico normal y corriente, un trabajador", días antes de los hechos que se enjuician, el 7 de septiembre de 2018 acudió como invitado a una partida de póker organizada por el denunciante a la que también acudió otra persona con la que Silvio tenía una deuda. El acusado explicó ante el tribunal del jurado que sufrió "una encerrona" de la que culpa a Francisco A. Al parecer, cuando ambos acusados re reunieron con el dueño del bar para pedir explicaciones, fue cuando se produjeron las supuestas amenazas. Ambos procesados han negado tanto las amenazas como la petición de 7.000 euros como compensación por la supuesta encerrona. 

A preguntas de su letrada, ambos acusados explicaron que la denuncia se ha producido porque Francisco A. "tiene miedo de quien atacó a Silvio C. y teme que ahora le ataquen a él".

Por su parte, el denunciante declaró que conocía a Silvio desde hacía tres o cuatro años. "Él pensaba que yo había organizado la encerrona y me exigía el pago de 7.000 euros como compensación", afirmó. A preguntas de la magistrado presidente, Mercedes Alaya, el denunciante no aseguró que le dijeran: "te voy a pegar un tiro", aunque sí recordó que le dijeron que le iban a hacer la vida imposible si no pagaba". Los acusados tienen una orden de alejamiento respecto a Francisco A.

En lo que coincidieron tanto acusados como denunciante es que sólo hubo un encuentro entre los tres, pero no en el bar de Francisco A., si no en una gasolinera cercana. Sin embargo, según declararon los policías que redactaron el atestado, el denunciante manifestó que habían existido dos reuniones, una en la gasolinera, y otra en el bar. 

Los policías coincidieron en que el denunciante manifestó que organizaba partidas de cartas "sin dinero" en su local. 

En sus conclusiones finales, la fiscal se ha reafirmado en la petición del año de cárcel por un delito de amenazas condicionales y aludió al "clima de intimidación" que vivió el denunciante cuando el acusado le reclamó los 7.000 euros como compensación por la supuesta traición