Casi ocho años después de que la operación Cortafuegos de la Guardia Civil desmantelera en El Castillo de las Guardas la hasta entonces mayor fábrica de tabaco ilegal de Europa, ha comenzado el juicio en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Aunque estaba previsto que se celebrara durante cinco días, el reconocimiento de los cargos por parte de diez de los once acusados que se sientan en el banquillo hará que, seguramente, se acorten los días de señalamiento. Aunque en princpio había 13 acusados, durante el proceso ha fallecido uno de los acusados y otro de ellos está en rebeldía.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales solicita para los acusados penas que van entre los siete y los dos años de cárcel y multas de entre 27 y 30 millones de euros. La Abogacía del Estado pide una responsabilidad civil de 4.149.239,63 euros en materia tributaria más los intereses de demora del impuesto del tabaco. Todos ellos son de nacionalidad española y vecinos de distintos pueblos de la provincia de Sevilla, salvo los dos encargados de la fábrica, dos ciudadanos griegos especialistas en la producción de tabaco.

De las once personas sentadas en el banquillo, solo han declarado ante el tribunal cinco, al estimarlo de ese modo las partes. José María L. M., considerado por la Fiscalía como "jefe de la organización" exculpó a su hermano Manuel, también acusado, y que, según él "solo fue a la finca ese día a ayudarle a cargar el camión" y el resto de días iba para cuidar las días yeguas que tenía allí. Del mismo modo, tanto él como otro de los acusados, Francisco F., exculparon al conductor del camión que llevaba el tabaco, Pedro G. M. y a los hermanos D. C., que estaban allí "cuidando los galgos y haciendo labores de guarda de la finca". Asimismo, a preguntas de la defensa aseguró que el tabaco nunca se llegó a vender al ser intervenida toda la primera producción de la fábrica.

Por otro lado, Gonzalo F. de C. negó ser el administrador de la empresa que utilizaban para alquilar los vehículos de transporte de tabaco y aseguró no haber participado nunca "en el tabaco". El único de los acusados que no ha reconocido los hechos, José Luis L. negó conocer que en la nave se procesaba tabaco ilegal y aseguró que en ningún momento le propusieron un negocio ilícito.

Operación Cortafuegos

La mayoría de los acusados fueron detenidos durante una operación de la Guardia Civil llamada Cortafuegos como resultado de la vigilancia a un grupo que había alquilado una finca en El Castillo de las Guardas y que levantó sospechas no sólo por estar en un lugar apartado y de difícil acceso, sino por las obras realizadas. La colocación de cuatro compresores de aire acondicionado tipo industrial oculto bajo un doble techo, cegado las ventanas e instalado tubos chimeneas para la eliminación de gases, hacían sospechar a los agentes que "podría tratarse de un lugar para laboratorio y almacenaje de sustancias estupefacientes".

Ante esta circunstancia, los agentes del Equipo de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil, intervineron los teléfonos de cinco de los acusados y constataron que la "organización criminal venía dedicándose al contrabando de tabaco a gran escala".

Según la Fiscalía, la organización fue creada por José María L. M., que ejercía de jefe. Por otro lado, Gonzalo F. d. C. D. era el encargado de la parte económica y administrador de hecho de Conductial S. L., la empresa con la que compraban los materiales para la fabricación de las cajetillas y alquilaba algunas delas naves para almacenar la mercancía. Francisco F. S. se ocupaba de la distribución mientras que José Luis L. A. era el administrador de derecho de Conductial y era quien firmaba todas las operaciones como testaferro. Otro de los acusados, José Luis L. C., ya fallecido, era el socio inversor.

La organización tenía además varias naves alquiladas a través de dos empresas en polígones industriales de Camas, Valencina y Santiponce, según el ministerio público. En el mes de diciembre de 2014, los agentes interceptaron un camión que salió de una de ellas y encontró numerosas cajas a granel prensado, tabaco cuyo valor superaba los 15.000 euros.

El escrito de la acusación recoge que en la finca de El Castillo de las Guardas la organización "tenía montada una fábrica de tabaco con maquinaria de empaquetado de cigarrillos". En la nave se intervinieron 48 cajas con precintos, embalajes y serigrafías de la marca American Legend, además de dos transportadores manuales de palets, báscula de pesaje industrial, tabaco a granel, ordenadores portátiles y cajas de tabaco y tabaco picado. En total se intervinieron 64.500 cajetillas con un valor de mercado de 267.675 euros y 29.400 kilos de tabaco picado rubio por valor de 5.292.000 euros.