El asesino de Fátima se niega a declarar y la juez lo envía a prisión

Enrique Román Bernasconi, el presunto asesino de Fátima El Ouarz, la mujer de 36 años que fue asesinada de varias puñaladas el pasado martes en su vivienda de Los Pajaritos, se ha acogido a su derecho a no declarar y la juez ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El presunto asesino, que cuenta con varios antecedentes policiales, ha sido puesto esta mañana a disposición del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, cuya titular ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Inicialmente, se le atribuye un delito de asesinato del artículo 139.1 del Código Penal, y en su comparecencia ante la juez, el investigado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La víctima no tenía ninguna medida de protección respecto al presunto asesino, Enrique Román Bernasconi, con el que mantenía una relación intermitente, y también lo había denunciado por malos tratos, pero no ratificó la denuncia. En concreto, Fátima El Ouarz presentó una denuncia en 2016 contra Enrique Román Bernasconi, alias Quique, de 51 años, pero no la ratificó, y renunció tanto a las posibles acciones civiles y penales que le correspondían como a ser reconocida por el médico forense, lo que determinó que un juzgado de lo Penal dictara a mediados de 2017 una sentencia absolutoria.

Los hechos fueron denunciados en diciembre de 2016 por la víctima, y tras la investigación judicial, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra su ex pareja Enrique Román Bernasconi, que vivía en un piso inferior en el mismo bloque, en concreto, en el segundo izquierda.

El Ministerio Público le atribuyó en ese juicio sendos delitos de coacciones en el ámbito familiar y malos tratos leves, por los que pidió un año de prisión y dos años de prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros, por el delito de coacciones; y una multa de 600 euros por el delito de maltrato leve (dos meses de multa a una cuota diaria de 10 euros).

La mujer se acogió a su derecho a no declarar y, por tanto, no testificó contra el detenido. No obstante, y al existir un testigo presencial de los hechos, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 remitió el procedimiento a los juzgados de lo Penal, recayendo concretamente el asunto en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, que celebró el juicio por estos hechos el día 30 de junio de 2017 y que el día 1 de julio de ese mismo año dictó sentencia absolutoria contra el acusado.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público relataba que el detenido mantenía una relación sentimental sin convivencia con la fallecida desde junio de 2016, de forma que, sobre las 18:30 horas del 2 de diciembre de 2016, y tras apearse la mujer junto con su hija de 11 años del coche que conducía el acusado, éste, “movido por el ánimo de impedir a su pareja el legítimo ejercicio de su voluntad, frenó bruscamente el coche”, se apeó del mismo y, “sin que conste ánimo de lucro en su acción, le arrebató el bolso tras zarandearla y se introdujo en su vehículo, marchándose del lugar” y dejando a la víctima “sin sus efectos personales y sin llaves del domicilio”.

Según la Fiscalía, “entretanto sucedía lo anterior”, la hija menor de la fallecida “trató de apartar al acusado de su madre y de recuperar el bolso, ante lo cual el acusado, con ánimo de menoscabar la integridad física de la menor, le propinó varios empujones, sin que llegara a causarle menoscabo físico”.

La mujer renunció a cuantas acciones penales y civiles pudieran corresponderle en este procedimiento, así como a ser reconocida por el médico forense, recoge el fiscal en su escrito.

Absuelto por falta de pruebas

En la sentencia, la juez de lo Penal considera que “no se ha practicado prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia en cuanto a los hechos en los que basa el Ministerio Fiscal su acusación”, ya que el acusado se acogió a su derecho a no declarar y la testigo a la dispensa que contempla el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que el agente que declaró “no vio lo ocurrido”.

La juez entiende que, “con tan débil medio probatorio se hace imposible determinar la certeza de los hechos por los que se acusa”, todo lo cual “conduce a la absolución” del acusado “al no quedar desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia” que le ampara conforme al artículo 24 de la Constitución.

Por otro lado, el ahora detenido fue enjuiciado por otros hechos distintos a los anteriores y permaneció en prisión hasta el pasado 19 de marzo de 2018 después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, por medio de una sentencia dictada el día 14 de marzo de 2014, lo condenara a 14 meses de cárcel por un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar en relación a otra mujer distinta a la víctima. La condena fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que rebajó la misma a 11 meses de cárcel. En marzo de 2017, se requirió al acusado para que ingresara en prisión, comprobándose que ya se encontraba en la cárcel por otros hechos distintos. Finalmente, abandonó la prisión y obtuvo la libertad definitiva tras cumplir la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal 2 el día 19 de marzo de 2018.

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, además, tramitan actualmente las denuncias presentadas por otras tres mujeres contra el ahora detenido.

Asimismo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla tramita actualmente una denuncia por presuntos malos tratos presentada por la víctima contra su marido, que está actualmente en prisión. Este procedimiento se incoó el día 5 de febrero de 2018 y, por estos hechos, el Juzgado ordenó el ingreso en prisión preventiva del marido de la fallecida.