La Organizació de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en un comunicado que las nuevas medidas gubernamentales de apoyo a los trabajadores entrañan dificultades a la hora de ser llevadas a la práctica. Si bien las califica como "positivas", la organización considera que la redacción "sigue siendo poco clara y que su indefinición abocará a la resolución de los conflictos en los tribunales, para que una vez más sean los jueces los que decidan cómo han de interpretarse, recargando el trabajo de los juzgados y dejando en clara desventaja a los más vulnerables·.

Uno de los apartados a los que hace referencia el comunicado es sobre la resolución de contratos "en base a los principios de buena fe y reciprocidad en las prestaciones, siempre y cuando, la flexibilidad que se exige a los consumidores vaya amparada por una garantía de protección de sus derechos". La organización de consumidores recuerda que tanto la compraventa como la prestación de servicios "se condiciona la resolución del contrato a que previamente se haya intentado llegar a un acuerdo entre las partes mediante la revisión de las condiciones. Las propuestas de revisión podrán implicar el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso. En caso de que no haya acuerdo, se podrá resolver el contrato y el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor". Esto supone, según el comunicado, que en la práctica "será imposible resolver un contrato si el consumidor no ha aceptado en la fase de negociación un bono o vale sustitutivo de la prestación correspondiente, con el agravante de que no se concreta el respaldo financiero que avala la ejecución de los citados bonos".

En cuanto a la cancelación de los viajes contratados y la consecuente entrega de un bono con vigencia de un año, cree que se trata de una medida "injusta" que limita el derecho de los consumidores a recuperar el dinero pagado por los viajes que no se van a producir.

En materia de hipotecas, la organización solicita al Gobierno que publique una resolución interpretativa para evitar posibles errores, ya que considera que se sigue haciendo recaer sobre el solicitante todas las consecuencias si, después de beneficiarse de una moratoria, se comprueba que no cumplía con los requisitos.

Sobre los alquileres, la OCU anima a los arrendadores a alcanzar acuerdos con los inquilinos afectados por esta crisis y a documentarlos por escrito, mediante intercambio de correos electrónicos o de otras aplicaciones de mensajería.

Por el contrario, valora positivamente que se permitan las portabilidades de los servicios de telecomunicaciones cuando no sea necesaria la presencia física, la ampliación a todos los hogares en su residencia principal de la prohibición de cortes en el suministro, y los cambios realizados en el bono social.