El ex subdirector general de Mercasevilla Daniel Ponce ha pedido a la Audiencia de Sevilla que suspenda su ingreso en prisión por no haber podido satisfacer la multa de 600.000 euros a la que fue condenado por un delito de cohecho, en relación con la extorsión de dos empresarios del grupo La Raza a los que exigieron una mordida de 450.000 euros a cambio de la concesión de una escuela de hostelería en las instalaciones de esta empresa pública mixta.

El abogado Simón Fernández asegura en un escrito dirigido a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que debe decidir sobre el ingreso en prisión o no de Daniel Ponce, que el ex responsable del mercado mayorista no ha podido encontrar trabajo desde que fue despedido de Mercasevilla, en el año 2011, algo que atribuye a la notoriedad que su nombre ha adquirido y al "rechazo generalizado" que Mercasevilla genera en la sociedad sevillana y su entorno, por lo que ha concluido que nade puede negar su "condición de apestado".

Así, ha explicado que ha resultado "imposible" que Daniel Ponce fuera recibido o atendido en cualquier empresa y no ha entrado "ni un solo trabajo por precario que fuera". Ponce trabajó en Mercasevilla entre 1982, cuando entró como vigilante de seguridad, hasta que fue despedido en 2011, y tras haber agotado sus prestaciones por desempleo, en la actualidad percibe como únicos ingresos 400 euros de la renta activa de inserción.

La defensa ha denunciado igualmente la "tortura psicológica" que el ex responsable de Mercasevilla viene soportando desde julio de 2014, cuando conoció que al no poder hacer frente a la multa de 600.000 euros, tendría que ingresar en prisión y "en esa incertidumbre ha vivido nada más y nada menos que cuatro años y medio", algo que, a juicio del letrado, supone una "pena de mayor dureza, rayana en la crueldad". Se trata, ha proseguido Simón Fernández, de un ejemplo claro de los "efectos nocivos de una justicia lenta y tardía, ya que Ponce en vez de una pena -subsidiaria, pero pena- de un año de prisión ha cumplido a día de hoy el equivalente a cuatro penas y media de presión psicológica por la posibilidad cierta de ingresar en un centro penitenciario".

El letrado ha alegado que Ponce es un "delincuente primario", ya que nunca ha tenido una condena anterior", ni siquiera posterior, y "carece del más mínimo roce con hecho delictivo o conflicto alguno" y además la pena, aun siendo subsidiaria, no supera los dos años de privación de libertad, por lo que considera que cabe la suspensión de la misma, o de manera subsidiaria la reducción de la multa y el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad.

Ha sufrido "una pena mayor"

Simón Fernández ha mostrado su seguridad en que la decisión del tribunal "responderá a criterios homogéneos y justos y que al igual que en otras causas", en casos similares y aun de cierta gravedad, se pronunciará por la suspensión de la pena, ya que considera que la medida de prisión "carece de efecto educador o resocializador, ya que el tiempo y la inseguridad han configurado una pena mayor".

La petición de la defensa se produce a raíz de un auto dictado el pasado 15 de noviembre por el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, el magistrado Ángel Márquez, quien fijó en 342 días de prisión la responsabilidad personal del ex subdirector de Mercasevilla, derivada del impago de la multa de 600.000 euros, cantidad de las cuales Ponce sólo ha satisfecho 28.385,32 euros y ha sido declarado insolvente.