Una vecina de Dos Hermanas que se hizo pasar por abogada, aunque no estaba colegiada en ningún organismo oficial y por supuesto no reunía la titulación necesaria, ha sido condenada a un año y nueve meses de cárcel por engañar a más de una veintena de víctimas a las que convenció de que iba a gestionarles reclamaciones bancarias, herencias o divorcios. De hecho, las persuadió de tal manera que entre todos le dieron un total de casi 15.000 euros por sus servicios, sin saber que esos servicios eran inexistentes. La Fiscalía llegó a pedir seis años de prisión por estos hechos, pero el abogado de la estafadora, Álvaro Castillo, consiguió finalmente un acuerdo para rebajar la pena basándose en una atenuante clave, la de anomalía psíquica. Para ello tuvo que certificar que su clienta padece un trastorno de la personalidad ansioso-depresivo que mermó sus facultades y condicionó su comportamiento.

El relato de hechos del fiscal, que fue aceptado por la encausada como parte de la conformidad y por tanto figurará tal cual en la sentencia, establece que Isidora P.G. “ideó el ardid de aparentar ser abogada en ejercicio” a pesar de que no aparece inscrita en ningún colegio profesional de España. Para revestir de “veracidad” su propósito de “obtener un beneficio económico ilícito”, en septiembre de 2017 abrió una presunta asesoría jurídica en una céntrica calle de Dos Hermanas. Según su propia publicidad, se dedicaba a “civil, contencioso, cláusula suelo, divorcio notarial, fiscal y laboral”.

El método de la embaucadora consistía en “contactar con personas con problemas jurídicos y administrativos” y ofrecerles sus “servicios de dirección letrada y asesoría jurídica y fiscal”. “Con esta argucia logró captar a muchas personas”, prosigue el Ministerio Público. “Las asesoraba sobre los trámites para la resolución de sus problemas, les solicitaba documentación y cantidades a pagar en concepto de sus honorarios, e incluso como provisión de fondos para pagar a un procurador, sin que tuviera intención de realizar ninguno de los actos para los que había sido contratada”, añade.

Diecisiete de las víctimas, incluidos dos matrimonios, picaron en su anzuelo cuando buscaban reclamar el importe de sus cláusulas suelo; les sacó entre 180 y 660 euros. A un hombre se le ofreció para ejecutar la liquidación de bienes matrimoniales con su exesposa y recibió 1.480 euros, aunque obviamente no efectuó gestión alguna. A otro le aseguró que le tramitaría el divorcio a cambio de 1.000 euros. Dos hermanas la contrataron para resolver la herencia de su padre y solicitar una pensión para su madre y ella no hizo nada, pero al menos les devolvió los 300 euros que le adelantaron. Otra mujer le entregó 1.800 euros por regularizar una sentencia de divorcio en Suiza. Y la última que cita el fiscal le pagó 370 euros al mes por llevarle la asesoría de su cafetería y 1.800 euros por abonar los impuestos trimestrales, pero la acusada se quedó el dinero a cambio de nada, lo que provocó que la Agencia Tributaria abriera once expedientes a la víctima y le impusiera otras tantas sanciones por un importe total de 1.361,92 euros.

Isidora fue detenida el 10 de abril de 2019, pero su caso no se resolvió hasta el pasado martes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. La acusada, que ahora tiene 63 años, reconoció todo y expresó su conformidad con el escrito definitivo del fiscal, al que se adhirieron las cuatro acusaciones particulares personadas en nombre de las 23 víctimas. Fue condenada por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito de intrusismo, con la agravante de reincidencia (el 9 de febrero de 2016 fue castigada con cuatro meses de prisión por otro delito de estafa) y las atenuantes de anomalía psíquica y dilaciones indebidas. Además, pagará veintiuna indemnizaciones (14.671,92 euros en total), así como las costas de los cuatro abogados contrarios (2.000 euros más IVA a cada uno) y de sus correspondientes procuradores.

El tribunal dictó sentencia firme en la sala. Acto seguido, como epílogo del acuerdo previo, la defensa pidió que se suspendiera la ejecución de la pena de prisión impuesta a Isidora P.G. y el fiscal se mostró a favor. La mujer no entrará en ningún centro penitenciario siempre que cumpla dos condiciones: no cometer ningún delito en un plazo de cuatro años y pagar todas las indemnizaciones en un máximo de 18 meses. Tras concederle la medida de gracia y valorar la “minuciosa labor” de su abogado, el presidente de la Sala le dejó este aviso: “Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, porque usted ya tiene una trayectoria delictiva. Vamos a darle un voto de confianza, pero con el incumplimiento de cualquier pago se reabrirá el procedimiento. Ya de por sí vamos forzados. Le pido que se tome esto muy en serio”.