Carlos Estévez, ex director de Minas de Riotinto, se enfrenta a 13 años de cárcel en un nuevo juicio por presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario y falsedad durante el periodo interino hasta la reapertura de la mina, denunciado por Emed Mining.

La vista oral tendrá lugar el 18 de febrero de 2020 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y en ella la acusación particular pedirá 13 años de cárcel, dos multas de 18.000 euros y exigirá la devolución de 862.324 euros presuntamente apropiados mediante las “maquinaciones de los acusados”.

Por su parte, la Fiscalía solicitará para Estévez y otros dos procesados dos años de cárcel por delito societario y, alternativamente, tres años por apropiación indebida, y fija la indemnización que deberán abonar a Emed Mining en 665.718 euros.

Este juicio responde a una de las denuncias contra Estévez y se une a la sentencia firme que acaba de dictar el Tribunal Supremo al confirmar la condena de un año y tres meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Sevilla por apropiación indebida en la cesión de los derechos mineros. La sentencia del Supremo incluyó el pago de 320.127 euros de indemnización a la empresa suiza Shorthorn Limited, representada por el abogado Miguel Salas.

Este letrado, especializado en delitos económicos, afirma a este periódico que Estevez entrará en prisión si no paga la responsabilidad civil. 

El nuevo juicio fijado para febrero se dirige contra Estévez y sus presuntos testaferros Luis A.F. y Luis A.B. El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que entre julio y diciembre de 2007, de las transferencias realizadas por Emed Mining y Emed Tartessus los acusados “desviaron fondos en su provecho”, destacando los 251.608 euros pagados a diferentes despachos de abogados para sufragar los gastos de los tres acusados en diferentes procedimientos de impugnación de acuerdos sociales.

“Simularon pagos de prestaciones que afirmaban necesarios para el proyecto y que respondían a gastos y deudas exclusivos de los acusados o sus empresas”, mantiene la Fiscalía.

También abonaron 27.841 euros a una empresa de consultoría de la que el acusado Estévez era administrador único y estaba participada por su familia, 60.673 euros por un peritaje encargado por Estévez, pagos por diversos servicios profesionales como 9.091 euros a un dentista y 15.281 euros de gastos de representación y tarjetas de crédito VISA del acusado Luis A.F.