El presunto cabecilla de una red de 75 personas acusadas de estafar con líneas de móviles ha salido de la cárcel tras depositar 4.000 euros de fianza. Rosendo M.S. está acusado de pagar unos 200 euros a toxicómanos y utilizaba su DNI para conseguir el alta en líneas telefónicas. Posteriormente gestionaba la portabilidad a otras compañías de telefonía que ofrecían a cambio terminales de alta gama. Finalmente vendía los móviles y obtenía “un beneficio económico ilícito”, según los hechos que le imputa el juzgado número 7 de Dos Hermanas.

El acusado, defendido por la abogada Ofelia Liñán, ingresó en prisión el 25 de octubre y quedó libre el 28 de noviembre. La Audiencia fijó su fianza en 12.000 euros, posteriormente rebajados a 4.000 con apoyo de la Fiscalía.

La Audiencia de Sevilla consideró que tiene arraigo familiar, vive en Dos Hermanas con domicilio conocido y tiene una extensa familia, de manera que “mantener su prisión para asegurar su presencia en el juicio oral no parece justificado”.

Ello pese a que, según la Sección Séptima de la Audiencia, existen indicios suficientes de que era el “mando visible” en la organización y que daba instrucciones a otros investigados para llevar a cabo “los pasos necesarios en la ejecución de los delitos”, tales como localizar a personas con escasos recursos, captar identidades por internet o mediante la sustracción de documentos de los buzones para obtener datos bancarios.

En esta red de estafas con líneas de telefonía móvil hay 75 investigados, en su mayor parte personas que compraron los móviles de procedencia fraudulenta.

El acusado pedía su DNI a personas necesitadas, en su mayoría toxicómanos, y contrataba líneas con sus identidades. Estas líneas se utilizaban después para pedir la portabilidad con nuevos contratos y nuevos terminales, que a continuación vendía.

Según la Audiencia, dado que la cuantía defraudada superaría los 50.000 euros, “estaríamos ante una estafa agravada, delito que prevé una pena de prisión superior a dos años”, a lo que habría que añadir presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil, con lo que “la exigencia objetiva” de prisión está plenamente justificada.