Los cuatro componentes de una célula de la mafia georgiana, especializada en el robo de pisos vacíos y muy activa en Sevilla en determinados momentos del año, han sido expulsados de España o lo serán en unos días después de que la magistrada que los castigó, previo acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, haya tenido que aclarar su sentencia inicial y ampliar la condena a dos de ellos, de un año de cárcel a un año y un día, para así poder echarlos del país. Con la pena inicial, la de un año, no podrían haber sido expulsados y sí puestos en libertad.

Los hechos por los que el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla impuso penas de reclusión a Paata Z., Giorgi Z., Otari U. y Giorgi B. ocurrieron en la madrugada del 9 de julio de 2023. Esa noche, los acusados entraron ilegalmente en un piso de la calle Mayo, en el distrito Macarena, que “habían estado vigilando a tal fin el día de antes”, según relata la sentencia. Los dueños no estaban en casa, un dato que la banda controlaba a la perfección. Una vez dentro, forzaron una caja fuerte de la que sustrajeron un fajo de 135 billetes de 50 euros y robaron joyas valoradas en unos 18.000 euros en total. Poco después, sin embargo, fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional muy cerca de allí, en la calle Real de la Jara, entre Villegas y la avenida de Pino Montano.

Además de intervenirles todo lo robado, la autoridad también los encontró con “cierta cantidad de dinero” en euros, rublos y liras turcas “cuya legitima procedencia no consta”. Y sobre todo con “numerosos útiles para la apertura de cerraduras: fleje, espadines, ganzúas, cilindros, piezas metálicas para realizar impresioning o ganzuado, destornilladores, llaves de grifa, alicates, linterna...".

En esa sentencia, dictada el pasado 17 de octubre tras un acuerdo entre todas las partes, la magistrada impuso un año de cárcel a los hermanos Paata y Giorgi Z. y dos años a Otari U. y Giorgi B. por un delito de robo en casa habitada, con las atenuantes de reparación del daño (pagaron los daños en la caja fuerte) y drogodependencia para los dos primeros y sólo la primera para los otros dos. La sentencia también acordó que debían indemnizar al matrimonio propietario de la vivienda con 6.750 euros y que serían expulsados de España cuando cumplieran los seis primeros meses de sus penas de prisión. No podrían regresar en un periodo de diez años.

Esa sentencia, que fue declarada firme, tenía sin embargo un error en el que nadie cayó cuando se celebró el juicio. Para que un condenado sea expulsado del país, la pena mínima que recaiga sobre él debe ser mayor a un año. Y en este caso había dos acusados a los que se les impuso un año justo, sin más. La letrada de Paata Z., Ofelia Liñán, detectó ese fallo y recurrió ante el juzgado para solicitar la suspensión de la ejecución de la pena de reclusión. La abogada de su hermano Giorgi se adhirió.

La jueza, en dos autos fechados el 14 de diciembre, rechaza esa petición e incluso critica la “presión constante” de la abogada aun reconociendo que su “insistencia” fue la que permitió rebajar las penas inicialmente reclamadas por la Fiscalía (cuatro años para cada investigado). En todo caso, el juzgado modifica la pena de los hermanos Z. para facilitar su expulsión, que de hecho se produjo el 17 de enero. La de Giorgi B. será el 8 de febrero y la de Otari U. todavía no se conoce pero está igualmente próxima.