La Fiscalía pide tres años de cárcel para una forense de Sevilla por vejar a mujeres víctimas de violaciones

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de tres años de cárcel y otros tres años de inhabilitación para una forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla que está acusada de tres delitos contra la integridad moral por supuestas vejaciones a varias víctimas de agresiones sexuales, en relación con las expresiones y comentarios que esta médico realizó a estas mujeres con motivo del preceptivo reconocimiento que debía realizarles.

Según han confirmado a este periódico fuentes del caso, el Ministerio Público ha presentado un contundente escrito de calificación en el que sostiene que la forense investigada se saltó los protocolos de actuación previstos, cuestionando a las víctimas, algunas de las cuales llegaron a no querer siquiera a presentar denuncia por las agresiones sexuales que habían sufrido.

La Fiscalía concreta los hechos en el caso de tres víctimas, a una de las cuales habría preguntado supuestamente si no había salido de su casa sin su ropa interior, mientras que a otra la habría interrogado si no se opuso ni peleó en el momento en que estaba siendo atacada sexualmente. A una tercera le habría aconsejado que "comiera" algo antes de salir a emborracharse para evitar verse envueltas en situaciones como las denunciadas.

La investigación a la forense correspondió al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ya ha abierto juicio oral contra la médico, que será juzgada en los próximos meses.La Audiencia de Sevilla ha confirmado recientemente su procesamiento en un auto dictado el pasado 26 de junio. En esta resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera de la Audiencia confirma la "existencia de indicios racionales" de la posible participación de la forense en los hechos investigados y que pueden constituir "un delito contra la integridad moral cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

La declaración de las víctimas y de los testigos corroboran los indicios

Estos indicios, precisan los magistrados de la Audiencia, se "infieren de las declaraciones de las perjudicadas y de las testificales practicadas y del resto de la documental obrantes en autos", mientras que la forense "defiende su inocencia ofreciendo unas explicaciones que deberán ser alegadas y valoradas en el acto del juicio".

El tribunal recuerda que la causa contra la forense se inició por parte del Ministerio Fiscal, "no por las víctimas del, por ahora, presunto delito cometido, con base a las declaraciones de las ginecólogas y demás personal sanitario que asistieron a las perjudicadas", por lo que "ningún ánimo espurio puede desprenderse de ello pues no son ellas las que inician el procedimiento. De otra parte, no se conocían entre sí y, pese a ello, coinciden en lo básico de la acción delictiva que se le atribuye indiciariamente a la hoy recurrente".

Y además, la denuncia está corroborada por otras declaraciones testificales, como la de un policía nacional que "presenció el reconocimiento", asevera la Audiencia.

La acusada, que sigue actualmente trabajando, alegó que ha sido víctima de una "persecución" tras haber denunciado supuestas irregularidades en el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, defendiendo su actuación profesional y negando haber dado "nunca un trato vejatorio a ninguna de las víctimas de violencia de género o sexual".

Justicia no ha suspendido a la acusada

La delegación provincial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía conoce el caso desde que fue denunciado por las ginecólogas del Hospital Macarena, a principios del año 2023, pero no ha suspendido en su cargo a la acusada a pesar de que en su momento abrió un expediente disciplinario.

De hecho, el departamento que dirige José Antonio Nieto incoó el 30 de marzo de 2023 un expediente disciplinario a la forense y solicitó un informe al gabinete jurídico de la Junta de Andalucía. Así, los servicios jurídicos de la Administración autonómica emitieron un primer informe en el que ya se ponía de manifiesto que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito y aconsejaban elevar el caso a la Fiscalía de Sevilla. Esto llevó a la delegación de Justicia en Sevilla a "suspender temporalmente" el expediente disciplinario abierto, a la espera del resultado de las actuaciones del Ministerio Público, que acabó presentado una denuncia contra la médico.

La forense sigue actualmente trabajando en los juzgados de Sevilla, si bien se "limitaron" las funciones de la doctora, evitando que realice servicios de guardia que impliquen su desplazamiento a los hospitales sevillanos y realizar exploraciones a las víctimas de agresiones sexuales.