Anabel Deza se sentía amenazada por su familia política o, por lo menos, por dos de sus cuñadas. La hermana de la fallecida, uno de los guardias civiles del equipo de la investigación judicial y una testigo protegido han sido tajantes en este punto durante su declaración ante el tribunal del jurado que juzga el conocido como crimen de las cuñadas. En abril de 2016 Anabel Daza fue encontrada muerta en su domicilio de La Rinconada. Había recibido 61 puñaladas y cinco golpes contundentes. Para uno de los guardias civiles que participó en la investigación y declaró como testigo y perito, fue "la crónica de una muerte anunciada" tal y como le dijo un vecino.

Este agente, que es el encargado de los testigos protegidos que prestan testimonio en esta vista, declaró que estos tienen tanto miedo "que incluso o no recuerdan o se les olvidan las cosas, incluso mostrándose irascible ante el tribunal". Este conocimiento de lo sucedido en la Sala antes de su declaración hizo que los abogados de las dos acusadas protestaran ante el tribunal. Según explicó el guardia civil, les han comunicado que en la zona donde sucedió el crimen hay familiares que se dedican a avisar a los vecinos de que "cuando termine el juicio y las acusadas estén en libertad van a ajustar cuentas". De hecho, una de las testigos protegidos, durante su declaración no quiso concretar el grado de amistad que le unía a la fallecida, aunque manifestó que la relación de Anabel Deza con su familia política era "muy mala". 

Por su parte, el instructor de las diligencias por parte de la Guardia Civil, explicó que el cadáver fue encontrada cerca de la cancela de acceso al patio trasero, por lo que seguramente "intentaba huir de la casa". El agente aseguró que desde el primer momento investigaron en el entorno de la víctima "porque había tenido numerosos incidentes con sus cuñadas". Recordó que costó mucho trabajo que los vecinos hablaran y que el temor a la familia de las acusadas hizo que sólo lo hicieran bajo la figura de testigo protegido.

A preguntas del fiscal, el instructor del caso explicó también que los tres acusados estaban dentro de la investigación por menudeo de droga y por esta razón sabían que el vehículo que había sido visto por algunos de los testigos en el lugar del crimen era el que habitualmente conducía Francisco Javier M. R., que no tenía carnet. Además recordó que Rosa N. S. tenía una orden de alejamiento de Anabel Deza desde el año 2011. Al ser preguntado por la defensa de Carmen N. S. sobre otras líneas de investigación como una de las parejas anteriores de la víctima, que también tenía una orden de alejamiento, el agente respondió que los testimonios de los vecinos eran claros. 

Sobre la animadversión de la familia política de la víctima hacia ella, la hermana de Anabel Deza explicó que le querían quitar a la hija y que estaba muy controlada por sus cuñadas, "no podía salir del domicilio"". Según ella, unas semanas antes de que fuera asesinada, Anabel Deza fue con sus hijos a comprar una pizza y sus cuñadas y suegros le salieron al encuentro haciéndola volver a casa "porque no eran horas para que los niños estuvieran en la calle".  Al parecer, la familia de su marido, que había fallecido de un infarto, le culpaban de la muerte del hombre . "Me dijo muchas veces que la habían amenazado de muerte y me contó que el día del entierro de su marido la amenazaron con un martillo en el tanatorio", declaró la hermana. Otro de los puntos de desencuentro, según la hermana, era que la fallecida era paya y el marido, gitano. Tampoco la familia política veía con buenos ojos que no cumpliera el riguroso luto por la muerte de su marido. 

Una de las declaraciones que generó cierta polémica en la sala fue la de Elena N. S. que estuvo en prisión provisional hasta julio de 2018, cuando la Audiencia de Sevilla acordó su libertad, después de que una testigo protegido negase rotundamente la participación de esta acusada en el crimen, y en su lugar se identificó a otra hermana. El fiscal esgrimió ante el tribunal una carta contenida en el rollo del procedimiento que supuestamente fue enviada por Elena desde la cárcel de Alcalá de Guadaira. Aunque ella lo negó, la misiva está acompañada por un oficio firmado por Elena N. S. Reconoció la firma, pero aseguró que la carta no estaba escrita por ella. 

La fiscalía pide 25 años de cárcel para los tres acusados de asesinar a Anabel Deza Vázquez: Carmen N. S, Rosa N. S. y Francisco Javier M. R., ex pareja de esta última. Están acusados de asesinato con la agravante de abuso de superioridad. El Ministerio Público pide, además de la prisión, que indemnicen de manera solidaria a la familia de la víctima con un total de 714.800 euros.

Anabel murió a causa de un traumatismo craneoencefálico severo con lesión de centros nerviosos vitales y por una hemorragia masiva por heridas de arma blanca en hermitórax izquierdo y cuello. A continuación, los acusados abandonaron el lugar del crimen un turismo, un Peugeot 206 que solía utilizar uno de los acusados, Francisco Javier M. R., añade el Ministerio Público.