La investigación judicial de los ERE acabará en 2028

La investigación judicial de la macrocausa de los ERE entra en su recta final. A la compleja instrucción que se inició aquel 19 de enero de 2011 por parte de la juez Mercedes Alaya y que continuarían otros tres magistrados -María Núñez Bolaños, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana- le quedan aproximadamente tres años para su cierre. Este es el tiempo que se calcula que se tardara en completar la instrucción de los 65 procedimientos que están actualmente "vivos", es decir, en tramitación, en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas y del caso.

Desde que se inició el caso de los ERE han pasado ya más de 14 años, tiempo en el que este macroprocesos ha sufrido numerosos avatares y por el que han pasado esos cuatro jueces instructores. Mercedes Alaya, que acabó siendo apartada por sus vehementes críticas a su sucesora, María Núñez Bolaños -que asumió la titularidad del juzgado en junio de 2015-, quien a su vez renunció a la instrucción tras la campaña de acoso que sufrió y que cedió el testigo a Álvaro Martín, que procesó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la denominada "pieza política", la del procedimiento específico por el que se concedieron ayudas por importe de 679 millones de euros durante una década. Y finalmente se hizo cargo de las macrocausas, en septiembre de 2019, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, que de los cuatro instructores es el magistrado que lleva más tiempo investigando las ayudas de los ERE.

Alaya se había mostrado desde el inicio de la investigación contraria a la división del caso de los ERE en piezas separadas para facilitar su investigación y enjuiciamiento, pero con su relevo esta separación se hizo factible, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. En el año 2015, la juez Bolaños cerró la causa matriz de los ERE, las diligencias previas 174/2011, en las que había un total de 187 piezas separadas para la investigación de ayudas a prejubilados y a empresas, y una sorprendente cifra de 507 imputados. En esa fecha, la mayor parte de la labor investigadora estaba todavía pendiente, dado que había 146 piezas abiertas de ese total de 187 piezas, mientras que las otras 41 habían finalizado y se había incoado el correspondiente procedimiento para su enjuiciamiento o habían sido archivadas al estimarse que los hechos no constituían los delitos de prevaricación y malversación de caudales que forman el eje de esta investigación.

70 casos elevados a juicio

¿Y cuál es la situación actual? La realidad actual del caso de los ERE, amortizado políticamente y que cada vez despierta menos interés en la opinión pública, es afortunadamente muy diferente. Catorce años después del inicio de la instrucción, el juzgado número 6 de Sevilla sólo tiene actualmente 65 diligencias previas "vivas", procedimientos que siguen en la fase de instrucción. Además, el juez José Ignacio Vilaplana ha elevado para su enjuiciamiento en la Audiencia de Sevilla un 70 piezas relacionadas con las macrocausas, de los cuales 65 son ayudas de los ERE y otras cinco se trata de la investigación relacionada con las irregularidades detectadas en las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para la realización de cursos de formación.

El juzgado ha tramitado asimismo un total de 290 piezas de responsabilidad civil, al objeto de tratar de garantizar el pago de las posibles indemnizaciones en caso de que haya condena de los acusados.

Con el trabajo desarrollado en estos años ahora sí que se puede afirmar que la macrocausa de los ERE entra en su recta final, al menos, en lo que se refiere a la fase de instrucción. Las fuentes consultadas apunta a que en los próximos tres años, en 2028, la instrucción de esas 65 piezas restantes estará finiquitada. Un dato corrobora esta previsión: La Fiscalía Anticorrupción viene presentando una media de 25 calificaciones -escritos de acusación- al año.

Cosa distinta es el enjuiciamiento de los casos, el dictado de las correspondientes sentencias y los recursos que, en este caso, puedan plantearse ante el Tribunal Supremo contra estas sentencias, y que sin duda hacen que todavía queden muchos años para hablar de los ERE.

22 juicios celebrados y 22 condenas

La Audiencia de Sevilla ha celebrado hasta el momento 22 juicios de los ERE, contando la "pieza política" cuya sentencia fue anulada por el Tribunal Constitucional y está a la espera de que la Sección Primera de la Audiencia hispalense decida si finalmente eleva la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional pueden ser incompatibles con el derecho comunitario.

Esos 22 juicios celebrados han dado lugar al mismo número de sentencias condenatorias, 22 en total, si bien en algunos casos los jueces han absuelto a alguna de las personas que fueron inicialmente sentadas en el banquillo de los acusados.

La condena del "procedimiento específico" supuso un antes y un después en el enjuiciamiento de los ERE, hasta el punto de que muchos de los acusados acabaron llegando a acuerdos con la Fiscalía y las acusaciones de la Junta y el PP. De esta forma, la mitad de los juicios, en concreto once, se han resuelto con sentencias de conformidad en las que los acusados han aceptado, por lo general, penas que rondan los dos años de cárcel -lo que permite la suspensión del ingreso en prisión si se dan algunos requisitos, como que fuese la primera condena- y que, eso sí, iban aparejadas de la correspondiente indemnización a la Administración andaluza con el dinero de la ayuda concedida.

Muchos de los condenados son los beneficiarios de las ayudas, dado que la Audiencia ha ido excluyendo de estos procesos, en aplicación del principio jurídico "non bis in ídem", a aquellos ex altos cargos que intervinieron en la concesión de las subvenciones y que ya habían sido juzgados en su mayoría en la "pieza política".

La Junta ha recuperado 28 millones

De otro lado, la Junta ha recuperado 28 millones de los 679 millones concedidos en el periodo 2000-2009, según aseguró recientemente el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en una orden en la que autorizó al gabinete jurídico de la Junta a intentar personarse de nuevo en la "pieza política" de los ERE para apoyar que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional que ampararon a los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán. "A pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado aproximadamente 28 millones de euros, lo que representa un pequeña fracción del total estimado de 679 millones de euros defraudados", aseveraba la orden de Sanz.

Así, señala que en el caso de los ERE la Junta ha llevado a cabo toda una serie de actuaciones con el objetivo de "recuperar las cantidades defraudadas por diversas vías, que incluyen el ejercicio de acciones civiles y penales, la incoación de procedimientos administrativos de reintegro, la formulación de reclamaciones ante el Tribunal de Cuentas por responsabilidad contable así como la ejecución de las resoluciones firmes".

En el ámbito penal, detallaba, se han reclamado hasta la fecha 287,79 millones en concepto de responsabilidad civil en piezas en las que la Junta ejerce la acusación, "habiéndose dictado sentencias que reconocen prácticamente 20 millones de euros. Quedan más de cien piezas pendientes de enjuiciamiento".

En el Tribunal de Cuentas se han presentado demandas por un total de 169,4 millones, de las cuales 52,19 millones son actuaciones relativas a ayudas sociolaborales; 51,85 millones por ayudas a empresas y 64,36 millones en sobrecomisiones. "Estas acciones buscan la restitución de los fondos públicos mediante la exigencia de responsabilidad a los gestores que, con dolo o negligencia grave, ocasionaron un menoscabo en los caudales públicos", explica la orden del consejero.

Además, se han llevado a cabo procedimientos de revisión de oficio de las ayudas concedidas, especialmente aquellas en las que se detectó la existencia de "beneficiarios no legítimos". Desde fechas anteriores a la sentencia de la pieza política se han iniciado "244 revisiones de oficio de ayudas a empresas, con reclamaciones por valor de 129,1 millones de euros".