Juanma Moreno anuncia que la Junta volverá a personarse en los ERE para "recuperar los 700 millones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que la Administración autonómica volverá a "personarse" en la causa del denominado procedimiento específico de los ERE, ahora que la Audiencia de Sevilla está deliberando si presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra las sentencias del Tribunal Constitucional que ampararon a los ex altos cargos, con la finalidad de "recuperar los 700 millones" que se destinaron al pago de las ayudas sociolaborales a los prejubilados y a las empresas en crisis.

El presidente de la Junta, que ha asistido este lunes en Madrid al Comité Ejecutivo Nacional del PP, ha anunciado a preguntas de los periodistas que la Junta de Andalucía va a "volver a personarse" en la causa del denominado procedimiento específico de los ERE, la denominada pieza política en la que fueron enjuiciados los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular en la macrocausa de los ERE, pidió en octubre de 2016 el archivo de la pieza política al considerar que no había ninguna "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Ante esta petición de archivo, la Administración autonómica `-presidida entonces por la socialista Susana Díaz- fue apartada de este juicio por la Audiencia de Sevilla, por lo que no ejercició la acusación en el juicio que se prolongó por espacio de un año y que terminó en la condena de los ex altos cargos, luego ratificada por el Tribunal Supremo y más tarde anulada por el Tribunal Constitucional.

Juanma Moreno ha dicho que la Junta va volver a personarse en la pieza del procedimiento específio por una razón, porque "dada las actuales circunstancias que hemos vivido en el último año, una vez que había una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el Supremo, pues la Junta de Andalucía va a volver a personarse y lo va a hacer a lo largo del día de hoy o en el día de mañana". El objetivo, ha proseguido el presidente andaluz, no es otro que "cumplir con la obligación que tiene la Administración de la Junta de Andalucía de evitar cualquier menoscabo de fondos públicos. Nosotros tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta de Andalucía".

En este sentido, el presidente de la Junta ha insistido en que la labor de la Administración consiste en "aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones de euros vuelvan a las arcas públicas".

Sobre la decisión que en su momento tomó el gobierno andaluz presidido por Susana Díaz, Moreno ha dicho que la Administración anterior "tomó una decisión, una decisión que no nos parece correcta y ahora el Gobierno de la Junta de Andalucía se va a instar a que nos volvamos a personar", ha concluido.

La Junta apoya que el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Por su parte, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido en que la Junta ha solicitado personarse de nuevo en el caso ERE para intentar recuperar "el dinero defraudado de todos los andaluces" en el que, a su juicio, es el "mayor caso de corrupción de la historia política de España".

Según ha explicado Sanz, los servicios jurídicos de la Junta van a apoyar que la Audiencia de Sevilla acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que diga si el Tribunal Constitucional "se ha excedido en sus funciones. Creemos que así ha sido y que las sentencias del Tribunal Constitucional pueden provocar la impunidad parcial,, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero defraudado de los ERE".

El consejero ha insistido en que la Junta de Andalucía "como perjudicada y como víctimas de este caso todos los andaluces" tiene que ser oída por el TJUE, por lo que ha dado "orden de personarnos en esta causa a través del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para proteger y para defender el interés de los andaluces. Aunque la Junta de Andalucía retiró su acusación del caso ERE con un gobierno anterior, en el año 2016 entonces, ahora tiene un interés legítimo clarísimo para volver a la causa, para poder recuperar el dinero de todos los andaluces defraudados".

Se trata, ha proseguido, de la "obligación que tenemos de recuperar el dinero y que así la marca el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 325. Debo recordar que la Junta de Andalucía además reclamó en el Tribunal de Cuentas la responsabilidad contable derivada de las condenas impuestas, lo que refuerza aún más nuestro interés legítimo para personarnos", por lo que ha mostrado su confianza en que se acepte la personación y que "los andaluces vuelvan a sentirse orgullosos de saber que su gobierno, que la Junta de Andalucía, está haciendo todo lo posible para intentar recuperar un dinero que debió servir para luchar contra el paro y que se desvió para otros fines muy distintos".

Sanz ha añadido que el Consejo de Gobierno acordó en el 2019 "hacer todo lo posible por recuperar estos fondos" e instó a la Consejería de Presidencia a defender el interés de Andalucía donde hubiera que ir. En el ámbito penal, ha subrayado Sanz, la Junta se ha personado en todas las causas como acusación particular, mientras que en el ámbito contable, ha interpuesto demandas de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas que se cuantifican en "decenas de millones de euros para recuperar todo lo que se ha defraudado".

Y en el ámbito administrativo, ha detallado, la Junta ha llevado a cabo "procedimientos de revisión de oficio de las ayudas concedidas, especialmente aquellas en las que se detectaba beneficiarios no legítimos". En este sentido, se han iniciado 244 revisiones de oficio de ayudas a empresas con reclamaciones por valor de 129 millones de euros. Existe, por tanto, un "interés legítimo de la Junta de Andalucía vinculada al ejercicio de la acción civil y a la recuperación de las cantidades", de ahí que resulte "necesario que esta Administración se persone y sea oída en el planteamiento de la cuestión prejudicial, de modo que podamos defender los intereses patrimoniales directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

El argumentario de la Junta

La Junta de Andalucía ha solicitado su personación en el procedimiento abierto en la Audiencia Provincial de Sevilla para apoyar la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el ‘caso ERE’. La Junta pretende comparecer en el trámite de alegaciones a favor de elevar una cuestión prejudicial -ese trámite ya se pasó y actualmente el tribunal está deliberando sobre las alegaciones realizadas por las partes personadas- y presentará un escrito argumentando la oportunidad de plantear dicha cuestión ante el Alto Tribunal europeo.

➡️ La Junta de Andalucía quiere llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado.

- La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Tribunal Supremo, cifró el fraude en 679.412.179,09 euros.

➡️ La Junta de Andalucía considera que:

- La doctrina que establece el Constitucional en sus diez sentencias del año 2024 sobre el caso de los ERE “puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial”, que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma de Andalucía.

- La Junta tiene un “interés legítimo” vinculado a la recuperación del dinero y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016.

- Prueba de ese interés legítimo es también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

- Es “necesario” que la Junta “se persone y sea oída” para poder defender sus intereses patrimoniales.

➡️ El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la UE obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados.

- Esta posición responde a la jurisprudencia que ha fijado el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

- La Junta de Andalucía se halla entre los Estados miembros de la Unión Europea

➡️ El artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que:

- Antes de que se dicte una resolución, las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados tienen derecho a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.

➡️ La Junta de Andalucía formula alegaciones A FAVOR de plantear la cuestión prejudicial al considerar que:

- El Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones. Hay motivos para considerar que el Tribunal de Garantías se ha extralimitado en su función de control, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales.

- Sus diez sentencias tendrían una “innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta de Andalucía”.

- La interpretación que hace el Constitucional sobre las leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía de entre los años 2002 y 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.

➡️ La Junta de Andalucía considera que se podrían estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal europeo.