Los tres magistrados que integran el tribunal de los ERE tienen en común haber pasado muchos años de su carrera como jueces de base en juzgados de instrucción o de lo penal. También por haberse ocupado de algunos de los sumarios más mediáticos investigados en Sevilla: el caso Ollero por el pago de comisiones en la adjudicación de carreteras, la causa contra el duque de Feria por corrupción de menores, el caso Betis o el juicio por las Giraldillas que se colaron en el Mundial de Atletismo de 1999 con pancartas a favor de los presos vascos.

Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal de los ERE y ponente de la sentencia que va a tener 1.700 folios, investigó en 1993, como juez de instrucción 20, un caso que escandalizó a la opinión pública: Rafael Medina, duque de Feria, había sido detenido en un hotel de Sevilla con una niña de 5 años a la que había hecho fotos de contenido erótico.

Todas las comparecencias judiciales del aristócrata ante el juez y luego en el juicio fueron objeto de un intenso seguimiento mediático hasta que fue condenado a 18 años de cárcel, que luego el Tribunal Supremo rebajó a la mitad. Medina salió de la cárcel en 1998 y en 2001 se suicidó por ingesta de barbitúrico.

Calle Peña pasó luego al juzgado penal 12 y finalmente a la Audiencia, donde tuvo que apartarse de ver los recursos del caso Betis contra Manuel Ruiz de Lopera al ser recusado por su parentesco con uno de los denunciantes.

Pilar Llorente era juez de instrucción 17 de Sevilla cuando investigó el primer gran caso de corrupción en Andalucía: el caso Ollero, destapado cuando la Policía detuvo el 15 de julio de 1992 a Jorge Ollero, hermano del entonces director general de Carreteras de la Junta, con un maletín con 22 millones de pesetas (132.222 euros) que acababa de recibir en Madrid por la adjudicación a OCISA de la autovía de Las Pedrizas.

Pilar Llorente fue la primera juez mediática de Sevilla: los fotógrafos y las televisiones la seguían en sus desplazamientos, como ocurrió cuando en diciembre de 1994 inspeccionó unas caracolas instaladas por una de las empresas investigadas. El caso Ollero fue uno de los primeros en los que se personaron como acusación particular los partidos de la oposición, en aquel caso el PP e IU. En 1999 Audiencia de Sevilla condenó a Manuel Ollero, ex director general de Carreteras, y a Jesús Roa, presidente de OCISA. Pero 14 años después del inicio de la investigación judicial el Tribunal Constitucional anuló las escuchas telefónicas autorizadas por la juez. El juicio se repitió y terminó con una sentencia absolutoria.

Llorente también fue la juez que en 2004 procesó a Manuel Ruiz de Lopera en su primer juicio por delito fiscal de 10 millones de euros en la gestión del Betis.

La tercera integrante del tribunal de los ERE es Encarnación Gómez Caselles, que como titular del juzgado de lo penal 10 de Sevilla enjuició a diez personas por las Giraldillas del Mundial de Atletismo de Sevilla.

El 20 de agosto de 1999, durante la inauguración de este campeonato que estaba siendo retransmitido por televisión a todo el mundo, con Carlos Herrera como presentador y con una audiencia estimada en 300  millones de personas, unos jóvenes disfrazados de Giraldilla, la mascota del evento, subieron al escenario con pancartas a favor de los presos vascos.

Hubo diez procesados pero Gómez Caselles les absolvió del principal delito, el de desórdenes públicos. Entendió que "la acción desplegada por cada acusado, de forma concertada y combinada, carece de entidad suficiente para producir perturbación del orden grave o leve". Sin embargo, uno de los acusados fue condenado a un año de cárcel por atentado a la autoridad durante su traslado a comisaría y otro fue condenado a seis meses por resistencia a la autoridad.