La juez del caso Isofotón reclama las actas de los consejos de Gobierno de Chaves, Griñán y Susana Díaz

Macrocausa de Isofotón

Acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para reclamar todas las actas de los consejos de Gobierno entre los años 2005 y 2015

Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán, en una imagen de archivo.
Manuel Chaves, Susana Díaz y José Antonio Griñán, en una imagen de archivo. / E. P.

La juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga los avales y préstamos que por importe de más de 80 millones de euros recibió la empresa malagueña Isofotón, ha reclamado todas las actas de los consejos de Gobierno de la Junta entre 2005 y 2015, que abarca los periodos de las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico la juez atiende la petición realizada por los fiscales delegados de Anticorrupción Fernando Soto Patiño y María Nazaret Salguero para incorporar a la causa de Isofotón todas las actas de los consejos de Gobierno celebrados entre los años 2005 y 2015, ambos incluidos.

La instructora ha requerido a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía para que aporte dichas actas, librándose para ello el oportuno escrito al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, para que se encargue de recopilarlas.

De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción sigue la línea de investigación que se llevó a cabo en la macrocausa de los ERE, donde la entonces instructora Mercedes Alaya reclamó todas las actas de los consejos de Gobierno de una década, en una causa en la que acabaron siendo investigados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el denominado "procedimiento específico" de los ERE. Los ex presidentes fueron condenados en la sentencia dictada en noviembre de 2019 y que está actualmente recurrida ante el Tribunal Supremo.

En la macrocausa de Isofotón, la instructora ha citado a declarar, a partir de mañana y en las próximas semanas, a un total de 38 personas, entre las que figuran 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía.

La juez considera que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y ha imputado en concreto a cuatro ex consejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), a tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), al ex jefe del gabinete jurídicode la Junta Francisco del Río Muñoz -que fue uno de los tres únicos absueltos en la sentencia del caso de los ERE-, al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.

Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex director de Invercaria Francisco Álvaro Julio -entonces director de inversiones estratégicas de IDEA-, así como a los "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares": los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.

De otro lado, la juez ha aceptado la personación del Partido Popular como acusación popular en esta macrocausa, una vez que la formación política ha depositado la fianza exigida de 6.000 euros para poder personarse en las actuaciones.

La instructora aún no ha resuelto sobre la petición de nulidad de las actuaciones planteadas por las defensas de los investigados, que denuncian que se han vulnerado los plazos procesales de la instrucción, además de que se ha actuado durante cinco años “a espaldas de los investigados”, generando su indefensión.

El abogado Juan Carlos Alférez, que representa a un directivo de la agencia IDEA investigado en Isofotón, ha pedido a la juez la nulidad de tres autos dictados en octubre de 2017, octubre de 2018 y junio de 2020 en los que se prorrogó por 18 meses la instrucción al estimar que estos autos se dictaron “fuera de plazo”, puesto que la instrucción de la misma debió finalizar el “6 de junio de 2017”.

Lo último