Una juez investiga a doce ex altos cargos socialistas de la Junta por las ayudas de 37 millones a Isofotón
Nueva macrocausa por avales y préstamos
Entre los imputados figuran cuatro ex consejeros, tres ex viceconsejeros, el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, el ex presidente de El Monte Bueno Lidón y un sobrino de Felipe González
En el nuevo macroproceso, que instruye el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, hay un total de 38 personas imputadas por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Una nueva macrocausa que se activa, aunque la investigación se inició en febrero de 2015. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha citado a declarar como investigadas entre los meses de octubre y noviembre a un total de 38 personas, entre las que figuran 12 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, en relación con los avales y préstamos que por importe de 37,3 millones de euros recibió la empresa malagueña Isofotón.
La juez considera que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y ha imputado en concreto a cuatro ex consejeros (Francisco Vallejo, Martín Soler, Manuel Recio y Antonio Ávila), a tres ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román y Luis Nieto Ballesteros), al ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río Muñoz -que fue uno de los tres únicos absueltos en la sentencia del caso de los ERE-, al ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y al ex director de Promoción de Invercaria Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González.
Además, la instructora ha citado como investigados a los ex directores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Miguel Ángel Serrano Aguilar, al ex director de Invercaria Francisco Álvaro Julio -entonces director de inversiones estratégicas de IDEA-, así como a los "responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares": los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano y a Óscar López García.
En el auto dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que tiene fecha del pasado 24 de julio y al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada recuerda que la agencia IDEA concedió diversos avales a Isofotón -empresa creada en 1981 en Málaga para el desarrollo de actividades relacionadas con la energía fotovoltaica, su explotación y comercialización- por importe de más de 37,3 millones, si bien señala que la empresa y aquellas en las que participa recibieron más de 80 millones de fondos públicos en el periodo comprendido entre 2005 y 2012, "a través de avales e incentivos directos a fondo perdido".
La empresa fue adquirida en 1997 por Berge Solar S.A. y según el atestado realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la situación financiera de Isofotón era "absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución" -de hecho se tramitó un concurso de acreedores en el año 2013 que fue declarado culpable-.
En el año 2010 las participaciones sociales fueron enajenadas al grupo Affirma, que adquirió el 80%, y a la sociedad Top Tec, que adquirió el 20% restante, por un "precio simbólico de un euro", lo que evidencia, prosigue el auto, "la situación financiera real que atravesaba la sociedad, sin que estas circunstancias impidiesen que dicha entidad fuese beneficiara de cuantiosas ayudas con cargo al erario público".
La instructora añade que las investigaciones policiales han puesto de manifiesto que tras la entrada del grupo Affirma, Isofotón y las sociedades de su entorno comienzan a "pagar grandes cantidades de dinero a las sociedades del Grupo Affirma, bajo la dirección de los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano Serrano".
Para la magistrada, de la investigación practicada "se confirma la existencia de indicios ciertos de presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en la concesión de avales por parte de la agencia IDEA a Isofotón".
La juez aprecia "graves irregularidades" en la concesión
Así, relata en el auto que los avales otorgados por IDEA presentar "graves irregularidades relativas a la inadecuación del procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas muy deficientes e insuficientes en todo caso para responder de las cantidades avaladas, coincidiendo además la misma maquinaria sin nada como garantía en distintas operaciones".
La instructora ciñe la investigación a cuatro avales por un importe total de 37.395.883 euros. En el primero, la agencia IDEA otorgó con fecha 12 de abril de 2010 un aval a Isofotón por importe de cinco millones de euros, correspondientes al 50% de un préstamo de 10 millones que se encontraba dividido en dos tramos. Este aval, continúa el auto, se otorgó como una "subvención excepcional pese a las previsiones de la orden de 5 de noviembre de 2018 de ayudas a empresas viables -Ayudas a empresa viables con dificultades coyunturales de Andalucía- conforme a la cual la ayuda debiera haberse limitado a 10 millones, excluyendo la solicitud de ayudas excepcionales y sin que se pudieran recibir más de 10 millones en un plazo de diez años".
El aval fue autorizado por el Consejo Rector de Idea, que presidía el entonces consejero de Innovación Marín Soler, estando presente el director de IDEA Antonio Valverde Ramos, y fue ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Con fecha 27 de agosto de 2010, IDEA otorgó varios avales por importe de otros 12 millones, acordándose asimismo la prórroga del primer aval del 12 de abril por un periodo de dos años adicionales desde su vencimiento, y fue firmado por el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, mientras que el certificado de ratificación del Consejo de Gobierno fue suscrito por el entonces consejero de Economía Antonio Ávila Cano.
El tercer aval tiene fecha de 29 de abril de 2011, cuando IDEA concede a Isofotón otros avales por importe de otros 12 millones de euros, firmando Luis Nieto y ratificando la concesión Antonio Ávila.
IDEA "debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón"
La juez considera que "puede presumirse que cuando estas ayudas públicas son aprobadas la agencia IDEA debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón, de conformidad con los términos del informe de fecha 23 de marzo de 2009, elaborado por la propia agencia y que incluye referencias a otro informe de febrero de 2009 de Deloitte donde ya se requería conocer el verdadero estado de situación de la compañía", dice la juez, que añade que por ello es necesario que declaren como investigados "las personas relacionadas con su concesión y efectiva percepción".
El cuarto aval fue concedido por el Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), una filial de la agencia IDEA, el 10 de agosto de 2012, cuando se otorga a la empresa fotovoltaica malagueña un préstamo del Fondo de Desarrollo Empresarial (FDE) por importe de 8.395.854 euros, "siendo responsables de dicha concesión pese a constar los incumplimientos respecto de las ayudas otorgadas anteriormente por la misma agencia IDEA, y con la finalidad de permitir el reintegro de un préstamo anterior incluso sin que éste se realizara".
Dice la juez que entre las condiciones previas a la firma de este préstamo figuraba el reintegro del anticipo de una subvención concedida que en fecha 6 de agosto de 2012 no se había efectuado dicho reintegro "pese a ser condición obligatoria y previa para el desembolso de este préstamo de importe idéntico casualmente al del reintegro debido".
El comité de empresa denunció el caso a la juez Alaya, que lo mandó a reparto
El caso fue denunciado por el comité de empresa de Isofotón el 10 de febrero de 2015 a la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y en el mismo se denunciaban presuntas irregularidades en la concesión de avales y préstamos concedidos a la empresa Isofotón por parte de la agencia IDEA y del Soprea y que, a pesar de tratarse de cantidades millonarias, no habrían evitado el cierre de la empresa y el despido de los trabajadores.
La juez Mercedes Alaya remitió la denuncia de los trabajadores al decanato para su reparto, recayendo las actuaciones en el juzgado de Instrucción número 3, cuya titular, Patricia Fernández, remitió un oficio al grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que investigara los avales y préstamos que, pese a los importes alcanzados, "no habrían tenido incidencia alguna para evitar el cierre de la misma".
La investigación comprende, según el auto de la instructora, si las ayudas "contaron con las autorizaciones y trámites preceptos, comprobando el límite de asignación presupuestaria prevista para los préstamos de la agencia IDEA" y si se otorgaron "prescindiendo de los cauces correctos".
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