Cuatro responsables del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos su secretario general Óscar Reina, serán juzgados este jueves en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla porque hace ocho años, en un comunicado difundido en la web de la organización, llamaron “modernos negreros” a los empresarios del sector del transporte de mercancías al hilo de la noticia de que una de ellas, Domifom, había sido multada por la Inspección de Trabajo con 70.000 euros por “irregularidades en el abono de salarios a sus trabajadores” y por “no abonar cotizaciones a la Seguridad Social”. Esta compañía, entonces con sede en Guillena, es precisamente la que ha hecho que este caso llegue a juicio porque acusa a los cuatro sindicalistas de los delitos de incitación al odio, injurias y calumnias. Su petición es de tres años y medio de cárcel para cada uno, pero está sola en sus pretensiones. La Fiscalía, al contrario, solicita el sobreseimiento de la causa y no pide ninguna condena.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2015. El SAT publicó en su web un “pasquín”, en palabras de Domifom, que informaba de la sanción que le había impuesto la Administración. De hecho, la defensa del SAT ha pedido que las inspectoras de Trabajo que emitieron el informe declaren como testigos en la vista oral. En aquella nota, el sindicato denunciaba que “este tipo de empresarios del transporte son los modernos negreros” y los acusaba de someter a sus empleados a “jornadas inhumanas” para así “abaratar costes y obtener pingües beneficios”. También aseguraba que algunos vehículos carecían de tacógrafo, con lo que no se controlaba el kilometraje que realizaba. “Con ello ocultan el total de horas extra realizadas”, indicaba el comunicado.

Además, “descuentan a los conductores los tiempos de espera para carga y descarga, no abonan horas extra y no atienden sus obligaciones legales con Hacienda y la Seguridad Social”, apostillaba el SAT, que por último instaba a los conductores del sector a “no aceptar las condiciones de esclavitud que muchas de estas empresas imponen”.

Según la acusación particular, los cuatro encausados “dieron la orden de publicar el panfleto”, que permaneció en la web hasta septiembre de 2017, cuando Reina fue llamado a declarar.

La acusación introduce otro hecho en el objeto del juicio, en concreto el envío de anónimos a dos empresas con las que el propietario de Domifom mantenía relaciones comerciales. “Se lesionó la dignidad de estas entidades, se causó un gran perjuicio económico y se pusieron en peligro los puestos de los trabajadores”, concluye Domifom.

La empresa reclama que cada acusado sea condenado a un año de cárcel por un delito de incitación al odio, un año y medio por un delito de calumnia y un año por un delito de injuria. También pide una indemnización de 60.000 euros y que la sentencia se publique en la web del SAT.