Un abogado sevillano se enfrenta a una petición de hasta 10 años de cárcel por estafar 180.000 euros a una madre y su hijo, a los que asesoraba en el impuesto de sucesiones tras el fallecimiento de su esposo y padre. El abogado les convenció para que entregaran el dinero a un “experto” que les daría una rentabilidad del 30% en “operaciones de capital privado con garantía absoluta”, según las acusaciones.

El fiscal pide para el abogado Juan Carlos A.C. una condena de tres años y medio de cárcel por un delito de estafa y el mismo tiempo de inhabilitación profesional. Para su cómplice solicita tres años de prisión.

La acusación particular eleva su petición para el letrado a ocho años de cárcel por estafa, dos por falsedad en documento privado y añade un tercer delito contra la Administración de Justicia en su variante de deslealtad profesional, por el que reclama 43.200 euros de multa y cuatro años de inhabilitación como abogado.

Según las acusaciones, Juan Carlos A.C. convenció a la familia para invertir los 180.000 euros que obtuvieron de la liquidación de la herencia en “inversiones de toda confianza”, ya que la persona con la que iban a hacer la operación era “un experto de su absoluta confianza”.

Para ello les presentó en enero de 2012 al segundo acusado, Teodomiro V.S., quien “aportaría una serie de inmuebles que pasarían a ser propiedad de los denunciantes en caso de que no se devolviese el principal más los réditos”. En concreto, se atribuyeron dos pisos y dos fincas rústicas pero los documentos aportados “eran completamente falsos o carentes de todo valor”.

La inversión “jamás se recuperó” pese a que a lo largo de cinco años los denunciantes “recibieron continuas promesas de devolución y el abogado les pedía que no interpusieran denuncia “porque se iba a arreglar todo”.

Los afectados entienden que “el engaño se perpetuó” mediante la denuncia criminal planteada por el abogado contra su cómplice en nombre de la viuda, a la que prometió que con este proceso obtendría la devolución de sus cantidades.

El pleito terminó en un juicio en la Sección Primera de la Audiencia donde se llegó a un acuerdo de conformidad “absurdo y absolutamente falto de sentido” ya que Juan Carlos A.C. concedía al acusado “un dilatadísimo plazo para la devolución del dinero, le eximía del pago de las costas, algo realmente insólito” y la pena acordada “resultaba ridícula”, además de “no poner inconveniente alguno a la suspensión inmediata de su ejecución”.

Con esta maniobra, Juan Carlos A.C. dilataba la devolución del dinero y “blindaba su posición ante quienes eran sus clientes, haciéndoles creer que como acusación particular estaba de su parte e iba a proteger sus intereses”.

Teodomiro V.S. no era tal experto en inversiones “sino un viejo conocido de la Policía, sospechoso y enjuiciado por la comisión de diversas estafas”, dice el escrito de la acusación particular. Este hombre está investigado en la actualidad en la presunta estafa piramidal del falso cura Manuel Tobaja a través de una fundación para ayudar a presos excarcelados.

La Fiscalía acusa al abogado y a su cómplice de haber actuado para “enriquecerse ilícitamente”. No devolvieron el dinero ni los intereses ni gestionaron la adquisición de los inmuebles que garantizaron, sostiene para el juicio que celebrará la Audiencia de Sevilla en los próximos meses.