A juicio la exdecana de Colegio de Arquitectos de Sevilla por un presunto delito societario

Cristina Murillo, exdecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), y otros dos miembros de la que fuera su junta directiva acudirán este viernes al Juzgado número 3 de lo Penal de Sevilla para ser enjuiciados por un presunto delito societario derivado de unos acuerdos adoptados en el seno de la Fundación Fidas. Según la acusación, "se prevalieron de mayorías ficticias" porque "deliberadamente " no convocaron a "todos los patronos que legal y estatutariamente reunían dicha condición". Así consiguieron apartar a varios patronos cercanos a su predecesor en el cargo, Ángel Díaz del Río, e incluso a este último. Los tres encausados se exponen a una petición de condena de un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos de representación en entidades colegiales o fundaciones. La acusación también pide la anulación de los acuerdos adoptados en esas reuniones del patronato de la Fundación Fidas, celebradas los días 6 y 25 de julio de 2017.

Según han destacado a Europa Press fuentes de la acusación, el juicio se celebra en un contexto particular porque uno de los ex altos cargos concurre como candidato a las próximas elecciones del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, que se van a celebrar el viernes de la próxima semana. Si resultase elegido y después fuese condenado por este caso, los comicios seguramente tendrían que repetirse.

En el auto de procesamiento, dictado en 2022 por el Juzgado de Instrucción número 6, el magistrado José Ignacio Vilaplana explicaba que todo gira en torno al "supuesto carácter fraudulento con el que se habrían adoptado los acuerdos suscritos por la Junta del Patronato de la Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura de Sevilla (Fidas)" en las sesiones del 6 y el 25 de julio de 2017. Al no convocar a todos los patronos, presuntamente, Murillo y los otros dos querellados "los privaron así de su derecho a voto". De ese modo, los acuerdos allí adoptados resultaron "lesivos tanto para la fundación como para los patronos no convocados y ausentes, en particular para los patronos querellantes", que son tres.

La primera de las sesiones, según el juez, fue celebrada "exclusivamente por los querellados": Murillo como nueva decana, Juan Carlos Rodríguez como nuevo secretario y Francisco García como tesorero. "Deberían haber sido citados todos los patronos que ostentaban el cargo, incluidos los electos u electivos, así como los natos", determinó el juez.

Ese día, según el instructor, acordaron "revocar los acuerdos adoptados en la sesión de 12 de junio de 2017", posterior a las elecciones celebradas en mayo por la entidad, ganadas por Murillo frente a la candidatura a la reelección de Ángel Díaz del Río como anterior decano. "Lo que se pretendía, esencialmente, era 'cesar' como patrono a Ángel Díaz del Río [...], quien en dicha sesión aceptó dicho cargo", según el magistrado. También "quedó sin efecto la renovación de Pedro M.M. como patrono electivo".

Otro de los acuerdos era "notificar a José María G.B. su pérdida de la condición de patrono por razón de su cese del cargo de secretario del COAS" tras las elecciones de mayo de aquel año y la conformación de una nueva directiva en el COAS.

Igualmente fue acordado comunicar a "los patronos cesantes su pérdida de condición de patrono de la fundación FIDAS", acuerdos todos adoptados con una "certificación incompleta, errónea y desfasada", según el juez instructor, sobre la composición del patronato, "deficiencias de las que habrían de ser conocedores los querellados, pues los patronos electos habían sido renovados con anterioridad en sus cargos y, además, las anotaciones relativas a las fechas de inscripción y nombramiento, así como la inclusión de algunos de los patronos eran manifiestamente incorrectas y no estaban actualizadas".

Los acuerdos, según Vilaplana, fueron adoptados merced a un informe de un abogado que "nunca había asumido la asesoría jurídica de Fidas", un "informe en el que, en todo caso, se reconocen como patronos a Díaz del Río y José María G.B., indicándose que procedía convocar a dichos patronos como patronos natos, sin que a pesar de ello fueran convocados a la reunión de dicha junta del Patronato".

Respecto a la sesión del 25 de julio de 2017, el auto indica que Murillo "negó el acceso" a una patrona fundadora de la entidad tras haber sido "excluida" de la convocatoria junto a otros patronos entre los que figuran dos de los querellantes, una exclusión acontecida "nuevamente".

Dicha sesión se celebró, según Vilaplana, "exclusivamente" con la participación de los querellados y los patronos Díaz del Río, José María G.B. y Juan Carlos C.M. Allí fueron adoptados "de forma fraudulenta y abusiva, como hizo constar Díaz del Río en su voto particular", acuerdos como la designación como nuevos patronos electivos de tres personas que "formaban parte de la candidatura a la junta directiva del COAS encabezada por Cristina Murillo".

La designación, según Vilaplana, fue aprobada por una mayoría de votos "que no se habría conseguido de haber asistido los patronos que tenían derecho" a participar, como es el caso de la patrona fundadora a la que le fue denegado el acceso.

El juez Vilaplana acordó entonces continuar la causa diligencias por el trámite del procedimiento abreviado contra la decana del Colegio de Arquitectos, su secretario y su tesorero por un presunto delito societario en la modalidad de acuerdos sociales lesivos.