El juicio a once hombres acusados de introducir en España 365 kilos de cocaína procedente de Colombia, entre ellos dos policías nacionales y un guardia civil, ha entrado por fin en su recta final en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Después de dos meses de vista oral, está previsto que este martes declaren los últimos peritos, que las partes expongan sus conclusiones definitivas y que comience el trámite de los informes también finales. Inicialmente, la Fiscalía solicita ocho años de cárcel y una multa de 45 millones de euros para todos los encausados.

La sesión del lunes empezó con la declaración de tres testigos: el empresario que vendió las carretillas elevadoras a la presunta banda, el camionero que la transportó a la nave de Carrión de los Céspedes donde todos fueron detenidos en septiembre de 2022 y el antiguo socio del acusado a cuyo nombre figuraba el arrendamiento de la susodicha nave. Este último indicó que compartieron aventura empresarial desde que salieron de la universidad hasta 2014 y que, al separarse, el investigado le alquiló la nave para guardar allí material de construcción, ya que ese era el objeto social de su empresa.

A continuación fue el turno de tres policías nacionales que comparecieron como peritos. Dos participaron en el volcado de la información de los móviles de algunos procesados y uno analizó una parte de los 365 paquetes de coca que fueron requisados después de que viajasen desde el puerto de Málaga a Carrión. El agente confirmó que en total eran 367 kilos de sustancia estupefaciente con una pureza media del 79,12%.