El paro indefinido de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha obligado a la Audiencia de Sevilla a suspender el juicio a seis policías nacionales de la comisaría del Distrito Macarena que están acusados del hurto de algo más de 17.000 euros en una tienda en la que se presentaron para hacer una inspección contra el contrabando de tabaco. La vista, que se ha programado para cuatro sesiones, se ha aplazado y se celebrará en función de que la huelga concluya en los próximos días, dentro aún de un plazo razonable para que la Sección Séptima, encargada de enjuiciar el caso, no se vea forzada a señalarla para nuevas fechas más a largo plazo.

La causa ha llegado a la Audiencia porque la acusación particular ejercida por los dos ciudadanos rumanos que regentan el establecimiento, ubicado en la Ronda de Pío XII, ha mantenido su postura y pide cuatro años y medio de prisión para cada agente por un delito de hurto y otro de falsedad en documento público. La Fiscalía, en cambio, solicitó el sobreseimiento de la causa y la absolución de los seis agentes, en especial tras el vuelco que sufrió el caso cuando la Policía Científica descubrió imágenes en las que se veía a una joven manipulando fajos de billetes y ocultándolos debajo de su camiseta la misma noche de los hechos.

El juicio, cuando se celebre, comenzará por tanto con la petición de la Fiscalía de que los agentes, componentes del Grupo 3º Operativo de Respuesta del Distrito Macarena, sean absueltos. Durante la instrucción, el Ministerio Público reconoció que un agente se había guardado el dinero en el bolsillo pero también que había explicado "suficientemente" que se lo había devuelto al marido de la denunciante. El resto de policías respaldó esta versión y para la Fiscalía "no existe ninguna prueba objetiva que corrobore el testimonio de la denunciante", en el que sí aprecia "lagunas y contradicciones".

Los hechos ocurrieron en la noche del 19 de mayo de 2015 en Alimentación Dani Digi. La tendera denunció que los agentes le habían quitado 17.350 euros y después le habían exigido otros 5.000 si no quería que se pasaran otra vez por el establecimiento. En su escrito de acusación, la dueña asegura que los agentes intervinieron 156 cajetillas de distintas marcas para "dar una apariencia legal" a su entrada en la tienda como parte de una operación contra la compraventa ilegal de tabaco, pero añade que "es evidente también que los mismos funcionarios realizan diversas extracciones de dinero de diversas ubicaciones del interior del establecimiento, dinero que colocan en el mostrador y otros lugares" y que no se lo entregaron ni a la dueña ni a su marido.

La acusación particular llegó a pedir tres años más de cárcel para cada policía por un delito de cohecho, por exigir dinero a la propietaria a cambio de no incautar el tabaco, pero la juez excluyó este delito cuando procesó a los investigados.

Los seis policías estuvieron casi tres años suspendidos de empleo y sueldo. Esa situación cambió cuando la Policía Científica encontró imágenes en las que se veía a una joven manipulando fajos de billetes y guardándoselos bajo su camiseta. En concreto son seis fotogramas que la Comisaría General de Policía Científica localizó entre las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda aportadas por la pareja que regenta el negocio.

Las imágenes de una mujer guardando fajos tras la marcha de los agentes.

Durante su revisión, la Policía Científica observó una secuencia captada entre las 2.50 y las 2.52 de la madrugada del 20 de mayo, unos cinco minutos antes del cierre de la tienda. En ellos se observa que una joven no identificada se acerca al interior del mostrador con varios fajos de billetes en una mano. La chica conversa con el marido de la dueña mientras mueve los que lleva en la mano izquierda y en la derecha lleva una bolsa de la que saca nuevos billetes. Al final se observa cómo introduce sendos fajos bajo su camiseta mientras sonríe.

Entre las lagunas que señaló la Fiscalía figura la cantidad de metálico que había en la tienda, que 22.000 euros estuvieran guardados en "lugares tan inverosímiles" como un frigorífico o el origen de ese dinero. "No se entiende muy bien que una suma tan elevada estuviera oculta en la tienda y no ingresada en su cuenta bancaria, y no deja de llamar la atención que un negocio como el de la denunciante proporcionara tan elevadas ganancias", argumentó la fiscal.

También "llama poderosamente la atención" de la fiscal que la dueña no hubiera mencionado antes a la mujer que se guarda el dinero o que los policías se llevaran 17.000 euros y dejaran allí 3.000 en billetes más pequeños, que abultan mucho más.

Juicio con jurado frustrado

No ha sido la única suspensión del lunes. En la segunda planta de la Audiencia, decenas de personas preseleccionadas para ser parte del jurado popular que enjuiciará un caso de atropello en Montellano tuvieron que irse tal como habían llegado porque el inicio del proceso se ha aplazado, en principio hasta el próximo lunes.

La causa versa sobre el conductor de un vehículo acusado de atropellar el 1 de agosto de 2019 a un peatón de 70 años en la localidad de Montellano tras presuntamente haber ingerido bebidas alcohólicas durante la Feria de la localidad. Le provocó heridas de gravedad y huyó del lugar sin comprobar el estado de la víctima. La Fiscalía reclama un total de cinco años y tres meses de cárcel para Félix C.M.: dos años y tres meses por un delito de omisión del deber de socorro y tres años más otros cuatro de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, con declaración de pérdida de vigencia del permiso de conducir, por un delito contra la seguridad vial en concurso ideal con un delito de lesiones por imprudencia grave.

En concepto de responsabilidad civil, pide que el investigado, que permaneció en prisión provisional desde el 4 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2019, y la compañía de seguros de su vehículo, como responsable civil directa, indemnicen conjunta y solidariamente con 515.649,02 euros al perjudicado. La compañía ya ha consignado 50.000.