La juez de Instrucción número 1 de Sevilla ha cerrado la instrucción del caso de los seis policías nacionales acusados de robar tabaco de contrabando y dinero durante un registro de una tienda del distrito Macarena. Los seis agentes han sido procesados, después de que la Audiencia de Sevilla ordenara al juzgado que los enviara a juicio. La juez había archivado antes el caso, pero la acusación particular recurrió este auto de archivo y la Audiencia le dio la razón.

En un nuevo auto, la magistrada Elvira Alberola ordena el procesamiento de los seis policías nacionales que participaron en el registro de la tienda. La juez considera que hay indicios de que los agentes pudieron cometer un delito contra el patrimonio y otro de falsedad documental. Le quita así uno de los cargos principales que tuvieron durante toda la instrucción: el de cohecho. Tampoco se contemplan unas amenazas que se le imputaban en un principio a algunos de los policías que intervinieron.

Los seis funcionarios, por tanto, se sentarán en el banquillo acusados de un hurto y de una falsedad documental. El hurto es por el supuesto robo de tabaco y dinero que había en la tienda, una cantidad que los denunciantes sostienen que era de 17.350 euros. Según el auto, los policías guardaron este dinero en bolsas, “e incluso en el bolsillo de uno de los agentes”, y así lo sacaron del establecimiento.

En cuanto a la falsedad documental, se les aplica porque no reflejaron que se había contado el dinero en un acta, ni tampoco la cantidad intervenida. Además, reflejaron en el acta de incautación de tabaco que la propietaria del comercio se había negado a firmar y rechazaba la entrega de este documento. La juez considera que el acta se rellenó en las dependencias policiales y no en el lugar de la intervención. Fuentes del entorno de los policías imputados aseguran que no existen actas de conteo de dinero, por lo que no podían rellenar ninguna ni en el lugar de los hechos ni tampoco después.

Este auto puede recurrirse en un plazo de cinco días. El registro se produjo el 19 de mayo de 2015 y fue autorizado por el jefe de la sección de Seguridad Ciudadana de la comisaría del distrito Macarena. Se produjo en una tienda de alimentación de la Ronda de Pío XII. Los agentes estuvieron casi tres años suspendidos de empleo y sueldo hasta que la aparición de la grabación completa de las cámaras de seguridad de la tienda dio un vuelco al caso.

Las imágenes de una mujer guardándose dinero en el pecho horas después del registro motivaron el primer archivo, con el apoyo de la Fiscalía. Ni la juez ni el fiscal vieron indicios de delitos en la conducta de los policías, que sin embargo serán enjuiciados por hurto y falsedad.