La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juzgado de Instrucción 1 de la capital el archivo de la investigación contra seis policías nacionales de la comisaría del distrito Macarena, a los que se acusó de cohecho por robar 17.000 euros en una tienda de la Ronda de Pío XII en la que entraron a hacer una inspección contra el contrabando de tabaco. 

Los seis policías nacionales, que formaban parte del Grupo 3º Operativo de Respuesta del citado distrito, llegaron a estar suspendidos de empleo y sueldo durante casi tres años. La intervención se produjo la noche del 19 de mayo de 2015. Tras ella, la dueña del negocio, de nacionalidad rumana, denunció que los agentes le habían sustraído 17.000 euros y exigido otros 5.000 para no volver a molestarles.

Aportó en la denuncia una serie de imágenes de una cámara de seguridad en la que aparecía uno de los agentes guardándose un fajo de billetes en el bolsillo. Sin embargo, la grabación estaba cortada y, después de más de tres años, la Policía Científica pudo extraer las imágenes originales. En ellas, se veía como poco después de la marcha de los policías, llegaba una mujer al local y se guardaba más dinero en el sujetador.

En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal Natividad Plasencia explica que el agente que se guardó el dinero en el bolsillo explicó "suficientemente" en su declaración judicial que se lo devolvió al marido de la denunciante, extremo que fue corroborado por el resto de policías. Para la Fiscalía, "no existe ninguna prueba objetiva que corrobore el testimonio de la denunciante", en el que sí aprecia "lagunas y contradicciones" con los de otros testigos.

Una de esas lagunas está relacionada con la cantidad de dinero en metálico que había en la tienda. Había 22.000 euros en "lugares tan inverosímiles" como el interior de un frigorífico. No se explica tampoco el origen de ese dinero. "No se entiende muy bien que una suma tan elevada estuviera oculta en la tienda y no ingresada en su cuenta bancaria, y por otra parte no deja de llamar la atención que un negocio como el de la denunciante proporcionara tan elevadas ganancias", dice el escrito de la Fiscalía.

La representante del Ministerio Público también aprecia contradicciones en el testimonio sobre la hora a la que se produjo la inspección. Al principio dijo que comenzó a las once de la noche y los policías pasaron en la tienda alrededor de una hora, mientras que, luego, para justificar la presencia de la mujer que se guardaba el dinero, aseguró que los agentes estuvieron allí hasta las dos o dos y media de la madrugada.

Lo que "llama poderosamente la atención" de la fiscal es que la dueña del local no hubiera hecho mención a la mujer que se guarda el dinero en ninguna de sus tres declaraciones durante la fase de instrucción, que no se conoció hasta que se extrajo la grabación original de las videocámaras. Las explicaciones que dan tanto la denunciante como esta mujer resultan "inverosímiles" para la Fiscalía.

Igualmente, "tampoco se entiende" que los policías se llevaran 17.000 euros del local pero dejaran allí 3.000 euros en billetes más pequeños, que abultan mucho más, así como la "actitud sonriente y relajada" de la denunciante mientras la mujer se guarda el dinero.

La fiscal cree que la dueña de la tienda denunciara a los policías para "vengarse" por una serie de aprehensiones de tabaco de contrabando que la Policía hizo antes de esta intervención. Incluso se adjunta un escrito de acusación contra ella por formar parte de una red dedicada a la venta de tabaco ilegal.

"En definitiva, por los argumentos expuestos y estimando que el material probatorio acumulado durante la extensa y laboriosa instrucción de la causa, resulta insuficiente para acreditar con la solidez necesaria la realidad de los hechos", concluye la representante del Ministerio Público, que solicita el archivo provisional de la causa contra los seis policías nacionales.

Durante todo este proceso, los agentes han estado defendidos por los abogados Simón Fernández Rebollo, Javier Carnerero y María del Carmen Iglesias. Estos dos últimos son los letrados del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Confederación Española de Policía (CEP).

El abogado Javier Carnerero ha explicado a este periódico que se "congratula de que la petición insistente de las defensas de ver la prueba videografica completa ha permitido que saliera a la luz la falta de verosimilitud de la denuncia, permitiendo a los agentes de la Policía Nacional recuperar su dignidad tras estos años en los que has sufrido una pena de banquillo innecesaria por el retraso en la practica de dicha prueba".