El taxista acusado de quemar los Cabify pide a la juez que impute a cuatro guardias civiles

El taxista F. B. H., conocido como el Melli, que fue arrestado en mayo pasado como uno de los implicados en el incendio de los nueve Cabify en Castilblanco de los Arroyos, ha pedido a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla que impute a cuatro guardias civiles por una supuesta detención ilegal, una grave acusación que también denuncia la hermana del investigado, que fue interrogada por los agentes en unas dependencias del Ayuntamiento de la localidad y que, según asegura, la retuvieron en contra de su voluntad mientras supuestamente era presionada para que declarara.

La defensa de este taxista, único investigado por como presunto autor material de la quema de los vehículos, ha presentado un escrito en el juzgado que investiga la macrocausa de la mafia del taxi, en el que solicita que se tome declaración en calidad de investigados a cuatro guardias civiles y también que declaren como testigos el jefe de la Policía Local de Castilblanco de los Arroyos y otro agente de este cuerpo, en relación con el interrogatorio por dos guardias de la hermana del sospechoso.

La petición de la defensa se produce después de que la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla haya remitido a la juez un atestado en el que analiza tanto las circunstancias de la detención de el Melli como del interrogatorio de su hermana y haya concluido que en ambos supuestos la actuación se llevó a cabo de forma “totalmente normalizada” y “escrupulosa, ajustada a derecho y sin conculcar ningún derecho” de estas personas.

En el caso de la hermana, el atestado sostiene “no es cierto que le impidieran irse de la oficina ante las súplicas de la misma, la entrevista duró escasos minutos, el tiempo imprescindible para analizar la diligencia policial”, aunque reconocen que la mujer, “como es natural, se encontraba nerviosa y sollozó unos instantes al ver” a los guardias civiles, uno de los cuales ha asegurado en su declaración con motivo del atestado que el trato fue “muy cordial y no notó nada extraño”, más allá que la mujer estaba algo “nerviosa” al principio, pero la calmaron diciéndole que su hermano estaba bien y sólo querían saber si ella “podía y quería aportar algo a la investigación” y al contestarle que no, dieron por finalizada la “entrevista con toda y total normalidad”.

Dicen los agentes que en el caso del taxista, el trato dispensado fue incluso “agradecido” por el detenido en el acuartelamiento de La Rinconada al que fue llevado en primer lugar, dado que los agentes que lo arrestaron permitieron que estacionara el taxi en el lugar que él eligió y también le dejaron que retirara los elementos luminosos móviles de identificación del coche, sin que el arrestado “realizara o manifestara objeción, queja, reparo, o expusiera irregularidad alguna sobre la misma”, precisa el atestado.

La detención no estaba justificada y es ilegal, insiste la defensa

La defensa ha insistido en que la detención de F. B.H. no estaba justificada y es ilegal, puesto que este taxista figuraba como investigado en la macrocausa de la mafia del taxi, y “no es cierta la inexacta y sin duda almibarada versión de los hechos de la detención que se recoge en el atestado” entregado por la Comandancia de la Guardia Civil.

Así, considera “injustificado e ilegal” el retraso en “más de 24 horas” del aviso al abogado designado por el detenido en un primero momento para que lo asistiera, y también que no se le advirtiera a la hermana de que no tenía obligación de declarar en relación con los hechos que se imputaban a un pariente. La defensa del taxista considera que esta actuación de los guardias civiles es la que genera “más inquietud y posible reproche merece, dada sus circunstancias personales y el modo en el que realmente se desarrolló la ‘entrevista’; tras ser conminada por el jefe de la Policía Local a mantener de inmediato y en las dependencias policiales de su mismo lugar de trabajo –trabaja en el Ayuntamiento-, una ‘entrevista’ a puerta cerrada, en dependencias policiales con dos guardias civiles”.

A esta mujer, prosigue el escrito de la defensa, se le preparó por los agentes lo que puede “calificarse como una vulgar e indefendible encerrona”, a pesar de haber sido señalada como “sospechosa” de estar relacionada con el incendio de los Cabify hasta el punto de “haber tenido intervenido su teléfono”. En esa “entrevista”, concluye el letrado con ironía, se le “despojaron de sus derechos y se le dispensó un trato que la mujer niega que responda a esa especie de amigable comodidad que relatan los funcionarios en el atestado”.

Por último, critica la “heterodoxa” actuación policial, por cuanto todas las declaraciones de posibles testigos, entre ellos más taxistas, se practicaron “con posterioridad a la detención” del Melli, “cuando lo lógico hubiera sido disponer de tales testimonios para dotar en su caso de mayor fundamento su detención”, por lo que el letrado duda sobre si el motivo real de esta forma de proceder no era otro que instrumentalizar la detención para conseguir a la desesperada y forzadamente testimonios que lo inculparan, en una deriva inquisitorial e ilícita”.

El taxista alega que el pasado 30 de mayo fue interceptado “bruscamente” cuando circulaba con su vehículo por Castiblanco de los Arroyos por dos coches, siendo “cacheado” por los guardias civiles en la vía pública y en lugar situado junto a un bar con terraza, el restaurante Casa Macarena, en una actuación que considera “del todo injustificada e innecesaria” y que ocasionó el lógico alboroto entre el público concurrente en dicho establecimiento.

A continuación, el taxista fue esposado y conducido al cuartel de La Rinconada, pero no se dio aviso a su letrado hasta el día siguiente. “No se justifica por los agentes policiales la razón por la que mi defendido tuviera que ser detenido, ni mucho menos el modo en el que la detención se produjo, ni la causa por la que durante más de 24 horas se le mantuvo bajo custodia policial sin asistencia letrada”, asegura la defensa.

La hermana del taxista también presentó una denuncia contra la Guardia Civil, al considerar igualmente que pudo ser objeto de una retención ilegal por parte de los investigadores. En la denuncia, la mujer explica que en la mañana del 31 de mayo dos policías locales le comunicaron que había dos agentes de la Guardia Civil que querían entrevistarse con ella, por lo que entró en una oficina, donde se quedó a solas con los dos guardias, quienes, según la denunciante, fueron endureciendo el tono de sus palabras, mostrando una actitud “cada vez más chulesca y despectiva”, diciéndole que se marcharía de allí cuando “ellos dijesen”, al tiempo que la conminaban a que lo “confesara todo”, pues sabían de su participación y la de sus hermanos en los hechos.

La mujer, que al día siguiente contraía matrimonio, asegura que rompió a llora y pidió por favor a los agentes que la dejasen marchar, llegando casi “a suplicar”, porque no tenía nada que ver con los hechos. Estaba en “estado de shock” y deseaba marcharse pero los agentes, prosigue la denunciante, le comentaron que “de allí no se iba sin antes confesar todo lo que sabía”, relatando como uno de los funcionarios policiales puso su cara frente a la suya y le dijo en “tono amenazante” que si no les decía todo lo que sabía “de allí no salía”. También le dijeron que si no colaboraba la “llevarían ante el juez” y poco después la dejaron en libertad porque según el otro agente “su jefe había dicho que de momento la dejasen en libertad, que más adelante ya verían lo que hacían con ella”.

La mujer presentó además una queja ante el Ministerio del Interior por la actuación de los guardias civiles, a los que acusa de “no decir la verdad acerca del modo en el que se desarrollaron los hechos” que ella ha relatado en su denuncia.