La titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga la macrocausa por la presunta mafia del taxi, ha corroborado las afirmaciones de la Fiscalía respecto a los graves perjuicios causados a los sevillanos por el monopolio de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

La juez ha dictado un auto en el que rechaza el recurso presentado por la asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que junto a su presidente, Enrique Filgueras, figura como investigada en la macrocausa, contra la decisión de la magistrada de ofrecer al Ayuntamiento de Sevilla la posibilidad de ejercer la acusación particular en este proceso.

Dice la juez a este respecto que, “como bien informa el Ministerio Fiscal, el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla está perfectamente legitimado para intervenir como perjudicado en el procedimiento, por cuanto le daría un conocimiento directo de la causa, a la que podría aportar con más facilidad lo que interesa a la investigación”.

La instructora añade que el Consistorio –que está representado en la causa por la empresa de Transportes Urbanos Tussam, aunque no se ha personado como la institución en sí– puede personarse incluso como acusación, “pues el Ministerio Fiscal no tiene en exclusiva el monopolio de la acción penal”, y de esta forma podría ejercer no sólo acciones civiles, sino también penales, pero “en este último supuesto será una acción que no corresponde al juzgado ni al fiscal decidir”, precisa la juez Reyes Flores.

Coincidiendo con el representante del Ministerio Público, la magistrada señala que los hechos investigados “afectan directamente y más que nadie a los viajeros y en especial a los sevillanos, como demuestra la repercusión que en los medios de comunicación, especialmente en los últimos años, se muestra”.Así, añade que las situaciones de “exclusión de otros taxistas y las diversas medidas ilícitas de presión afectan a muchos sevillanos usuarios de servicios de transporte en los que repercute la situación referida”. Por ello, la juez desestima el recurso de Solidaridad del Taxi.

En varios escritos presentados en el juzgado, la Fiscalía puso de manifiesto que la actuación de los taxistas investigados y de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi creó una “situación insostenible y de caos” en torno al aeropuerto de Sevilla, destacando que los hechos investigado afectan directamente “a los viajeros y en especial a los sevillanos”.

La Fiscalía pidió además a la juez que proceda a la “protección” de determinados testigos, teniendo en cuenta que el delito más grave de los que se investigan es el de “organización criminal”, por lo que según el Ministerio Público, “urge” la consideración de “testigo protegido” a efectos de lo previsto en la ley.