Sevilla va recuperando poco a poco las jornadas de estudio presenciales y semipresenciales como la que celebró este jueves y viernes Jueces y Juezas para la Democracia (JpD) sobre “el  tratamiento de las adicciones en el proceso penal”. Isabel Tobeña, juez de instrucción 13 de Málaga, cerró el encuentro con un resumen de las conclusiones, entre las que destacó que la pandemia de Covid ha supuesto “un recorte de las posibilidades de tratamiento de los reclusos con adicciones”, especialmente si están preventivos. 

Con una sensación generalizada de “alegría al empezar a vernos las caras”, jueces, forenses y mediadores analizaron durante dos días aspectos como la imputabilidad de las personas con adicciones, los dispositivos de atención en Andalucía, la defensa de las personas con adicciones en el proceso penal, la fase de ejecución de las sentencias, las medidas alternativas a la prisión, la justicia restaurativa y el abordaje psicosocial de las personas con adicciones dentro del tratamiento penitenciario.

“He echado de menos no haber podido analizar que hacer con los presos y presas preventivas, que también merecen nuestro apoyo”, dijo Tobeña, aunque reconoció la dificultad añadida que supone no saber cuánto tiempo van a estar en esa situación.

La juez, que es también coordinadora de JpD en Andalucía Oriental, destacó entre las conclusiones la obligación de la magistratura de dar entrada en el proceso penal tanto a lo que perjudica como lo que beneficia a la persona procesada, integrando aspectos como las drogadicciones y la enfermedad mental. 

“Que nuestro punto de partida sea la reeducación y resocialización, teniendo en cuenta que las personas con adicciones son vulnerables, se defienden peor del sistema y tienen menos recursos contra él”, dijo la magistrada. Entre las carencias, indicó que "a veces están fallando los mecanismos de conexión del sistema penal con el terapéutico".

“También hemos descubierto que hay otras adicciones, no solo a tóxicos, sino también al consumo de internet y nuevas tecnologías” que la judicatura debe conocer “para que no nos asalte la ignorancia”.

Aunque la delincuencia asociada a las drogas no suele ser grave sino sobre todo contra el patrimonio y tráfico a pequeña escala, se trata de un problema tan extendido en la sociedad que “ayudando a la persona con adicciones nos ayudamos todos”, resumió la magistrada.