La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla no ha podido celebrar este jueves la primera sesión del juicio contra la que fue jefa del Servicio de Ordenación de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla, Carmen Liébana, el antiguo jefe de Recursos Humanos Luis Manuel Sanchís, el ex delegado territorial de Educación Francisco Díaz (PSOE) y la hija del entonces jefe de Inspección Educativa de la Junta Anaís M.M. El objeto del caso, el nombramiento de esta última en un puesto para el que no reunía los requisitos, presuntamente a "sabiendas" de esa carencia. El motivo de la suspensión ha sido la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que son los encargados de validar las grabaciones de las vistas orales aunque no suelen estar presentes en ellas. 

El juicio no sólo no ha podido comenzar, sino que se ha suspendido sine díe. De hecho, la causa estaba programada para tres sesiones y el cronograma se ha modificado sobre la marcha para que finalmente sean el doble, seis en total, con lo que la Sala no tenía encaje posible ni siquiera aunque el paro acabase la semana que viene. Ahora tocará buscar nuevas fechas para su señalamiento y alguna de las partes calcula que el juicio puede celebrarse ya en 2024 como muy pronto.

En este caso se investigó la designación de profesores de los cuerpos docentes no universitarios para su adscripción al Comisionado del Polígono Sur para "colaborar con el estudio de las necesidades de dicha zona" desfavorecida de Sevilla, el barrio con menor renta neta anual por persona de toda España.

Tal como explica la Fiscalía en su escrito provisional, el 11 de noviembre de 2004 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Comisionado, por el que la Administración adscribiría durante el curso a cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado. "El procedimiento indicado en el convenio no establece que la provisión de los cuatro docentes se realizara por el sistema de libre designación. En todo caso se debía respetar la normativa vigente y los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", recuerda la acusación pública.

Sin embargo, para el curso 2014-15, los representantes del Comisionado propusieron "tres candidatos" y Liébana, "excediendo su competencia, propuso verbalmente a la también acusada Anaís M.M., pese a conocer que no reunía los requisitos al no ser funcionaria de carrera docente no universitaria ni interina de alguna bolsa de trabajo de la Consejería de Educación".

Los hechos ocurrieron en 2014 y con esta suspensión pueden ser enjuiciados diez años después

Sanchís, "a sabiendas de lo anterior" y antes incluso de que Liébana formalizase su propuesta, inscribió el nombramiento de Anaís en el sistema integrado de recursos humanos. Después, el entonces delegado de Educación, también "a sabiendas de ello y sin hacer comprobación alguna", formuló el nombramiento definitivo de la profesora, quien aceptó aun siendo consciente de que "carecía de los requisitos necesarios", siempre según la Fiscalía. Eso ocurrió el 1 de septiembre de 2014.

La nueva docente, que había participado en una convocatoria extraordinaria de bolsa de aspirante a interinidad, no figuró sin embargo en las listas definitivas como incorporada a la bolsa de aspirantes a interinidad del cuerpo de artes plásticas y diseño hasta el 9 de septiembre de ese año. Antes sólo aparecía en las listas "provisionales" de dicha convocatoria, según la Fiscalía.

El Ministerio Público también denuncia que la Dirección General del Profesorado y de Recursos Humanos advirtió a Sanchís el 1 de septiembre del error de procedimiento administrativo "al efectuar el nombramiento con efectos a 1 de septiembre en lugar del 9 de septiembre", pero "no realizó ninguna rectificación", con lo que persistió en "una situación irregular que dio lugar a que otra persona de la misma bolsa que se sintió perjudicada interpusiera el correspondiente recurso".

La Fiscalía considera que estos hechos suponen la comisión de dos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento público. Para los cuatro procesados pide 3.000 euros de multa y un año y medio de inhabilitación de empleo o cargo público. Y para Liébana, además, tres años y medio de prisión, tres años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros por falsedad en documento público. El sindicato Ustea, que ejerce la acusación particular, eleva a cuatro años y medio su petición de cárcel para esta investigada.