La Fiscalía de Sevilla ha presentado en los juzgados una denuncia contra el ex delegado de Educación Francisco Díaz Morillo, al que atribuye un delito de prevaricación en relación con la contratación de una profesora para el comisionado del Polígono Sur que se habría llevado a cabo sin cumplir los requisitos legales, entre los que destacaban pertenecer a un cuerpo docente y sr funcionario de carrera o personal seleccionado o interino.

La denuncia se dirige además contra los jefes de servicio de Ordenación Educativa y de Recursos Humanos de la delegación territorial de Educación de Sevilla, Carmen L. P. y Luis Miguel. S. A., y contra la propia profesora contratada, Anais M. M., hija de un jefe de inspección del servicio educativo de la Junta en la provincia de Sevilla.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, expone en la denuncia remitida a los juzgados de Sevilla que los hechos se producen en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Educación y el Comisionado para el Polígono Sur de 11 de noviembre de 2014, en el que se establecía la adscripción por parte de la Consejería de cuatro profesores de cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios al Comisionado.

En verano de 2014 se produjo una “vacante” en el profesorado y según el convenio para cubrir la plaza era necesaria la designación por parte de la Consejería a propuesta de la Comisión de seguimiento del convenio, compuesta por dos representante de la Consejería y dos del Comisionado. Antes de realizar la propuesta había que seleccionar a los candidatos, “previo concurso de méritos”, y dichos candidatos debían de pertenecer a un “cuerpo docente y además o ser funcionario de carrera sin destino o con destino o puesto suprimido, o bien ser personal seleccionado en convocatoria del proceso selectivo de ingreso a cuerpos docentes de la función pública o funcionarios interinos integrantes de las bolsas de trabajo de los distintos cuerpos docentes”.

Los representantes del Comisionado propusieron tres candidatos y la jefa de servicio Carmen L. P., “quien no consta que formara parte de la comisión de seguimiento del convenio”, propuso a A. M. M., que es licenciada en comunicación audiovisual e hija de un jefe de Inspección del Servicio Educativo de la Junta, pese a "ser consciente de que ésta no reunía los requisitos necesarios para dicho nombramiento", ya que no era funcionaria de carrera ni había superado ningún proceso selectivo de ingreso en los cuerpos docentes de la función pública, ni era integrante de ninguna bolsa de trabajo para acceder a cualquiera de los cuerpos docentes.

Dice la fiscal que la jefa de servicio propuso “verbalmente” a Anais al jefe de Recursos Humanos Luis Miguel S. A., quien “pese a ser consciente de todo lo anterior”, procedió a inscribir a esta persona el 1 de septiembre de 2014 para el desempeño de un puesto como docente en el Polígono Sur. El nombramiento definitivo como funcionaria interina se produjo por resolución del delegado territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Díaz Morillo, en la misma fecha, y según el Ministerio Público el entonces delegado era “plenamente consciente del ilegal procedimiento de selección” de esta persona y de todas las circunstancias referidas y pese a ello dictó la resolución.

La profesora nombrada no figuraba inscrita en ninguna bolsa de interinidad de la Consejería de Educación y apareció ocho días después del dictado de la resolución, en concreto, el 9 de septiembre de 2014, en las listas definitivas como admitida en una bolsa de trabajo del Cuerpo de Artes Plásticas y Diseño, especialidad medios audiovisuales.

El nombramiento de esta persona era hasta el 30 de junio de 2015, pero para el curso siguiente la funcionaria Carmen L. propuso “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin concurso previo” su continuidad para el mismo puesto de trabajo, siendo nombrada para el curos 2015-2016 en la misma forma indicada, “con idéntica participación” del otro jefe de servicio y del ex delegado de Educación.

Además, la Fiscalía señala que Anais M. aceptó los nombramientos indicados “pese a ser plenamente consciente de que carecía de los requisitos legales exigibles para ello”.

El Ministerio Público entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación, en su modalidad de “nombramiento ilegal” previsto y penado en el artículo 405 del Código Penal –que se castiga con multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años-, en relación con los tres miembros de la delegación de Educación, por cuanto los dos jefes de servicio propusieron a Anais M. para “un puesto público pese a conocer que no reunía los requisitos necesarios para ello, nombramiento que finalmente llevó a cabo el tercero de los denunciados”, el ex delegado Francisco Morillo. En el caso de Anais M., ésta “aceptó la propuesta concreta de su nombramiento aún consciente de que carecía de los requisitos legales para ello, pudiendo haber incurrido, presuntamente, en un delito de prevaricación” del artículo 406 del Código Penal, que impone la misma pena de multa que en el caso anterior, de tres a ocho meses.

El decanato de los juzgados debe repartir ahora esta denuncia para su investigación por un juzgado de Instrucción de Sevilla.