El tribunal cita el 10 de septiembre a todos los peritos para la práctica "conjunta" de la prueba

Todos los peritos del juicio de los ERE declararán a la vez. El tribunal que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE ha citado para el próximo 10 de septiembre, a partir de las diez de la mañana, a una decena de peritos para la práctica “conjunta” de la prueba pericial, según acuerda una providencia que ha notificado este lunes la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Se estima que la práctica de esta prueba pericial conjunta puede prolongarse durante al menos un mes, ocupando en principio todas las sesiones previstas para el mes de septiembre, y también que sólo la Fiscalía Anticorrupción podría estar una semana interrogando a los distintos peritos, según han explicado fuentes del caso. El informe pericial encargado por el juzgado es la prueba principal en la que se sostienen las acusaciones para sentar en el banquillo a los 22 ex altos cargos que están siendo juzgados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y que se enfrentan a penas que en algunos casos llegan hasta los ocho años de prisión.

Entre la decena de peritos citados después de las vacaciones, se encuentran los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca- que elaboraron el informe pericial a instancias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y en el que detectan diversas irregularidades en la concesión de las ayudas.

También han sido citados el mismo día los otros peritos propuestos por las defensas, entre ellos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, catedráticos de derecho Financiero y Tributario que elaboraron un informe a instancias de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.

Los peritos de la IGAE concluyen que Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, y las también titulares en su día de este departamento Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron las “medidas necesarias para evitar las irregularidades”. Estos peritos sostienen que el uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas era “inadecuado” e “improcedente” y que las subvenciones se concedieron con la absoluta ausencia de procedimiento legal, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.

Por su parte, los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, llegan a conclusiones completamente diferentes a las de los peritos que realizaron su análisis por encargo del juzgado. Para empezar, los catedráticos defienden que las transferencias de financiación son un “instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado para financiar la actividad del IFA/Idea” y aseguran que fue el Parlamento andaluz quien decidió que las mismas fuesen la “figura presupuestaria adecuada para implantar la política de ayudas sociolaborales” que se pretendía llevar a cabo, de modo que “no se puede mantener que la inclusión de la partida 31L [conocido como el fondo de reptiles] sobre la que se discute en las leyes de Presupuestos fuera inadecuada o improcedente, como pretende el informe de la IGAE”.

Según estos expertos, las transferencias no son más que uno de los “expedientes técnicos que las Administraciones públicas emplean para dotar de fondos a determinados entes instrumentales como IFA/IDEA, de manera que nada extraño ni irregular existe en su empleo”.

También rechazan los peritos que las ayudas puedan calificarse como subvenciones a empresas, pues “las prestaciones en que consisten dichas ayudas no sustituyen, ni eximen, ni liberan a las empresas de su obligación indemnizatoria que, con carácter general, se cumple y atiende antes del abono de las referidas ayudas públicas”, y al no ser ayudas a empresas, no tenían por qué comunicarse previamente a la Unión Europea.

Los peritos circunscriben el posible fraude a la Consejería de Empleo y exculpan al resto de organismos de la Junta. “Las presuntas irregularidades se habrían producido en el momento de la ejecución del gasto, por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo, sin que tengan relación alguna con el comportamiento irreprochable de la dirección general de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y de las restantes autoridades intervinientes en el procedimiento de elaboración del proyecto de Presupuesto, para su sometimiento al Parlamento de Andalucía”, precisan.

Argumentan además que la Consejería de Economía y Hacienda “carecía de información para poder siquiera sospechar que se estuvieran produciendo irregularidades en la ejecución del gasto autorizado con cargo a los créditos del programa 31L” y por ello “no tenía motivo alguno para oponerse a la inclusión de dichos créditos en el anteproyecto del Presupuesto de los ejercicios sucesivos, ni siquiera en términos puramente políticos”.

Los expertos de la defensa subrayan sobre la actuación de la Intervención General de la Junta que este organismo podía haber intensificado el control de las ayudas e incluso haber elaborado el denominado “informe de actuación”, por lo que si no lo consideró necesario, “al no apreciar circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos, debió ser porque no advirtió irregularidades relevantes”, por lo que “difícilmente podían tener noticia de las irregularidades presuntamente cometidas los directores generales de Presupuestos, o los viceconsejeros y consejeros de Hacienda, e incluso los responsables en IFA/IDEA de realizar los pagos”.