La juez que instruye el triple crimen de Dos Hermanas, entre ellos el de una niña de 6 años, ha ordenado investigar todas las llamadas de los siete acusados y de las víctimas, así como los posicionamientos de los móviles de todos ellos en las horas en que se produjo el secuestro y asesinato. Además ha pedido que se analicen las cámaras de tráfico para concretar sus movimientos en aquellas horas.

Se trata de una investigación exhaustiva en la que la juez de instrucción 19 pide además una ampliación del informe de autopsia de la pequeña Lucía, de seis años, para determinar si las lesiones que tenía en los brazos eran defensivas o fruto de la caída que había sufrido el día anterior y por la que le escayolaron un brazo en el hospital Virgen del Rocío.

En una providencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez solicita al Instituto de Medicina Legal un informe ampliatorio de autopsia en el que se especifiquen qué lesiones de las encontradas en los miembros superiores de la menor “son compatibles con actos de defensa y cuales pueden deberse a la caída que sufrió el día anterior”.

Además cita a Joaquín Begines, padre de la niña, el próximo 18 de diciembre para que aporte los Whattsap de audio que manifestó haber recibido de su hija la mañana del día 16 de septiembre de 2017, cuando tanto ella como su madre, Sandra Capitán, y el compañero de ésta, el turco Yilmaz Giraz, fueron secuestrados, asesinados y enterrados en una fosa séptica.

En la comparecencia judicial del 4 de diciembre, la  Fiscalía imputó tres delitos de asesinato, detención ilegal  y tenencia ilícita de armas a cada uno de los siete acusados por el triple asesinato.

Ahora, la juez admite todas las pruebas pedidas por el fiscal, entre ellas que se estudien las distancias y tiempo de recorrido entre la vivienda de los secuestrados y el domicilio de Ricardo G.H., alias El Pollino y principal inculpado, que fue donde se produjo el triple asesinato. También que se haga un estudio de las distancias y tiempo de recorrido entre el escenario del crimen y la calle de Sevilla adonde fueron trasladados los dos presuntos sicarios cuando se negaron a seguir colaborando en el plan, “conscientes de que el fin último era acabar con la vida de la familia”.

La Policía realizará un rastreo tecnológico y de itinerancia de datos de los móviles de los fallecidos y de los acusados desde las 08:00 horas del 16 de septiembre de 2017 hasta las 00:00 horas del día 17. Eventualmente, deberá analizar los datos que aporten los lectores de matrículas de la Dirección General de Tráfico. 

También estudiará el “tráfico completo de llamadas entrantes y salientes” de los teléfonos de los acusados y víctimas. En el caso del turco Yilmaz Giraz, las llamadas investigadas serán las hechas desde el 1 de junio de 2017 hasta las 16:00 horas del 16 de septiembre. En el caso de las llamadas y mensajes, la Fiscalía pide especialmente que se centren en las intercambiadas entre Yilmaz Giraz y El Pollino, que supuestamente mantenían un conflicto por una deuda de droga.

En el caso de la niña asesinada, la providencia recuerda que en la noche anterior al crimen fue asistida en el hospital Virgen del Rocío por un traumatismo en la muñeca izquierda por fractura de cúbito y radio distal, tras lo cual le colocaron una férula y yeso braquiopalmar.

La juez desea saber si esas lesiones derivadas de la caída son independientes de sus contusiones en miembros superiores que el informe de autopsia definió como “compatibles con lesiones de defensa”.

Otra prueba acordada consiste en aportar todas las fotos contenidas en una cámara intervenida en las que aparece toda la familia reunida en la vivienda de El Pollino. 

Finalmente, la juez pide que la Guardia Civil informe si El Pollino, su esposa, su padre y los dos supuestos sicarios tenían licencia de armas, su tipo y vigencia.