La Fiscalía de Sevilla pedirá el viernes condenas de hasta siete años de inhabilitación y multa de 3.600 euros para José Eduardo Reina, alcalde socialista de Cantillana entre 1995 y 2011, y tres exconcejales de Urbanismo, acusados de omisión del deber de denunciar delitos por permitir la proliferación de un centenar de construcciones ilegales entre 2007 y 2008.

Los acusados son, junto al ex alcalde, los ex concejales de Urbanismo Enrique Barrera Jiménez (1995-2007), Manuel Naranjo Barrera (2007-2008) y Antonio Maqueda Ruiz (2008-2011.

Según la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, los procesados “no denunciaron a las autoridades competentes, como estaban obligados por sus cargos, las presuntas infracciones penales por las construcciones ilegales realizadas en 2007 y 2008, en un número superior superior a cien” en diferentes parajes de Cantillana.

Se trataba de viviendas en los lugares denominados Huerta Alta, Finca Recache, Camino de El Palmitero, Finca La Cirujana, Aldea de Pajares, Casurero del Chorrito y carretera Cantillana-Villaverde y Cantillana-El Pedroso.

Todas esas zonas están calificadas como suelo no urbanizable de especial protección por estar en la zona de la Vega del Guadalquivir y el complejo ribereño de El Viar, según la Fiscalía.

Los acusados “conocían la situación de ilegalidad de las construcciones por los informes desfavorables de la arquitecta técnica municipal y por una reunión mantenida con la Guardia Civil”.

Sin embargo, “en dejadez de sus funciones solo promovieron determinados expedientes sancionadores o realizaron alguna intervención municipal” pero “en dichos expedientes no se hizo nada y los acusados no comunicaron la existencia de presuntas infracciones penales a las autoridades judiciales, fiscales o a la Guardia Civil".

A partir de febrero de 2011, una investigación policial imputó a 71 personas por construcciones ilegales en 40 parcelas, precisa el escrito de acusación del fiscal.

Por esta inactividad, la Fiscalía solicitará el viernes para cada uno de los cuatro procesados un año de inhabilitación para empleo o cargo público por un presunto delito de omisión de la obligación de perseguir delitos.

Prevaricación urbanística al autorizar unos boxes

Por otra parte, Reina el entonces concejal Antonio Maqueda están imputados porque la junta local de Cantillana, el 26 de junio de 2009, bajo la presidencia del alcalde, otorgó una licencia de obras para la realización de unos boxes pese a existir un informe desfavorable emitido un mes antes.

Por este presunto delito de prevaricación urbanística el fiscal solicitará una multa de 12 meses con cuota diaria de 10 euros (lo que significa 3.600 euros) y una inhabilitación de siete años para el ejercicio de cargo público.